El mayor escándalo público de la Justicia de Tucumán, desde el regreso de la democracia, arrasa con la imagen de una decena de políticos y jueces que habían logrado mantenerse al margen de los reclamos públicos por corrupción.
La indefinición de la Corte Suprema sobre el futuro de uno de sus integrantes, Daniel Leiva, acusado de tráfico de influencias por el camarista Enrique Pedicone, ha provocado una catarata de denuncias cruzadas que mancharon desde el vicegobernador Osvaldo Jaldo, hasta legisladores, jueces, abogados, funcionarios, etcétera.
Casi como un favor político, en vista de la grave crisis institucional que ha generado la demora, el abogado Nicolás Mirande reclamó definiciones a la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar, sobre un reclamo de sanciones disciplinarias a Leiva, para que se trate con urgencia el pedido.
Mirande y el ingeniero Fernando Sergio Vera del Barco presentaron el 7 del corriente un pedido a la magistrada para que inicie un sumario contra Leiva y lo suspenda preventivamente hasta que quede aclarada su responsabilidad penal, a raíz de la denuncia que el primero de este mes le hizo el camarista. Pese a que Mirande y Vera del Barco pertenecen al PRO, es muy probable que esto sea un gran favor a la Presidenta de la Corte para evitar males mayores. ¿Cuánto tiempo más puede pasar sin que la Justicia se expida sobre la cuestión?
¿La caída del Halcón?
Pero la mayor víctima de la causa parece ser el vicegobernador Jaldo, cuya ambición por suceder a Juan Manzur en la máxima magistratura de la provincia, se disuelven con el paso de los días y la erosión a su imagen.
Crónicos errores del vicegobernador terminaron por involucrarlo directamente en una causa de la que podría haber salido indemne si no hubiese realizado una abierta defensa de Leiva, lo que podría atar su destino político definitivamente a la suerte del acusado.
Una fallida solicitada con un ataque a Pedicone dejó en evidencia el respaldo del dirigente tranqueño al magistrado denunciado, en una abierta ofensiva contra el denunciante, a quien pretenden llevar al juicio político con información que habían ocultado celosamente, y que involucra a muchos “desalineados” al oficialismo provincial, entre ellos los familiares de una conocida periodista local.
Justicia salpicada
Esta semana, Pedicone renunció como integrante de la Asociación de Magistrados de Tucumán. Su dimisión fue planteada por escrito y dirigido a la titular de la organización, Marcela Ruiz . “Señora presidente: cuando reciba esta carta ya no me tendrá como miembro”, comienza el texto. “Les debo algunas explicaciones a usted ya los colegas”, plantea el camarista y relata sus peripecias en busca del apoyo de la institución.
“El 13 de septiembre le dije por WhatsApp que debía poner en conocimiento de los jueces de la Federación de Asociaciones de Magistrados la violencia personal e institucional que pesa sobre mi persona, ante su silencio ensordecedor”, asegura Pedicone, y agrega: “Entonces usted me ‘pidió tiempo’ y me dijo que debía ‘quedarme tranquilo’”. “Le contesté que ‘no hay tiempo’ y que ‘no veía (usted) la gravedad’ del caso Leiva-Jaldo Gate “, agrega.
La calma inesperada
De esta forma, el gobernador Juan Manzur goza de una inesperada etapa de calma en una provincia donde los titulares eran el derrumbe de los comercios, los miles de puestos de trabajo perdido y, lo más grave, una inseguridad incontenible, que deja muertos todos los días en las calles de la provincia.
Ahora todos hablan de crisis institucional, aunque esta -probablemente- tiene años de existencia, pero nunca había sido tan groseramente expuesta. Este problema quizá se haya convertido en blindaje a los últimos meses de la controvertida gestión de Manzur, en momentos en que la mirada del público se posará sobre los posibles sucesores.
En definitiva, esta crisis que creemos principalmente judicial, ha puesto en duda todo el futuro político del oficialismo provincial que deberá defender a quién era su principal candidato (Jaldo), o empezar a construir figuras para la sucesión.