La Corte Suprema no sólo mantiene la indefinición sobre el futuro de la causa por los audios, sino que ya deslizó la posibilidad de no involucrarse directamente. «No hay silencio en la Corte sino que es un tema que ya está judicializado», respondió el vocal Daniel Posse ante una consulta, y evitó pronunciarse sobre denuncia del juez Enrique Pedicone y contra el vocal Daniel Leiva.
«La Corte no tiene que expedirse sobre el tema, se está tramitando en una fiscalía y quienes tienen que expedirse son los órganos inferiores donde se está tramitando», agregó Posse, en una clara pista de que no tomarían ninguna decisión contra Leiva. «Tenemos que ser respetuosos de los tiempos procesales» y aseguró que en Tucumán «sí se puede seguir confiando en la Justicia» y «sí hay independencia de poderes».
De la misma manera, la vocal Eleonora Rodríguez Campos prefirió no hablar del tema y resumió: «la Corte está trabajando, el trámite continúa su curso».
Pero además la decisión de no intervenir también fue comunicada en la respuesta a un abogado que había pedido la suspensión de Leiva hasta tanto se definiera su situación por la denuncia de Pedicone.
Seis días después de que se conociera la denuncia del juez Enrique Pedicone contra Leiva por haberle sugerido actuar de una determinada manera en una causa, dos ciudadanos solicitaron que se suspenda a Leiva hasta tanto quede aclarada su situación penal. El siete de septiembre, el abogado Nicolás Mirande y el ingeniero Fernando Sergio Vera del Barco, vinculados al partido Pro, hicieron esta petición a la presidenta de la Corte, Claudia Sbdar.
Este miércoles le llegó desde la Corte la respuesta esperada. La Corte se limitó a relatar el recorrido que tuvo el pedido de Mirande, pero nada dijo del pedido suspensión ni de las posiciones que tiene la Corte sobre esta situación. “Es todo cuanto puedo informar”, se informó en una nota firmada por María Gabriela Blanco, secretaria de superintendencia de la Corte.
Con estas señales de las máximas autoridades de la Justicia, la crisis institucional ha quedado en manos de los dos dirigentes más complicados en la causa: el vicegobernador y Presidente de la Legislatura Osvaldo Jaldo, y el mismísimo Daniel Leiva, que será investigado por funcionarios judiciales inferiores en la institución que él encabeza.