Es una novedad que un juez de los Tribunales Locales pida un “per saltum” en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y fue lo que hizo el camarista, Enrique Pedicone. Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio el visto positivo al ‘per saltum’ que propusieron los jueces federales, Leopoldo Bruglia, Germán Castelli y Pablo Bertuzzi, para debatir sobre sus posibles destinos dispuestos por el Senado Nacional.
Como te habíamos contado anteriormente en El Federalista, tanto como Enrique Pedicone como sus abogados habían advertido: “El juez Juan Francisco Pisa, la fiscala Mariana Rivadeneira, el imputado y su defensor Esteban Jerez pretenden que este asunto se pierda en el laberinto oscuro y amañado del proceso anterior, que transcurre de espaldas a la sociedad, para que el tiempo diluya las responsabilidades, y, una vez más, triunfen el delito y la corrupción que viene socavando los pilares básicos de nuestra vida democrática”.
Esto ante la decisión del juez de la causa, Juan Francisco Pisa, y la fiscal, Mariana Rivadeneira, como también la intervención del defensor del vocal de la Corte, Esteban Jerez, donde el caso sería tramitado con el viejo Código Penal Procesal vigente desde 1991, y sin darle la oportunidad a Pedicone de participar y colaborar en la investigación.
Por esto, el magistrado junto a sus letrados plantea el “per saltum”, el cual se basa en que la Corte directamente decida sobre el cuestionamiento de cómo se tramitara la Causa, si con el código nuevo o viejo, y si además, Pedicone podrá ser querellante.
Desde la parte denunciante, también solicitan que el acto donde se cometa el fallo de la corte, sea oral y público, y que en ese ‘per saltum’, no participen dos de los cinco jueces que forman parte de la Corte, el vocal Antonio Daniel Estofán (denunciado por acoso sexual) y la vocal Eleonora Rodríguez Campos, además de obviamente, Daniel Leiva.
En el escrito también expresaron: “El vocal jamás aceptó el reto, y comenzó una serie aún inconclusa de fintas y esquives: se refugió en su vocalía para, desde allí –y al amparo del máximo tribunal-, tratar de influenciar, obstaculizar y desviar la investigación de los hechos que lo tienen como principal sospechoso”, y agregaron: “si la Corte no aniquila el fallo de Pisa, podrá colegirse que el Poder Judicial ha optado por el secretismo; marginado la transparencia; renunciado a su imparcialidad, y, sin pudor, se ha puesto del lado del delito y la obscuridad. Si no actúa, la Corte avisará que en esta tierra los derechos no encuentran tutela en los Tribunales, y que la verdad no es una virtud ni una obligación ni un destino”.