Ante el indignante silencio de funcionarios provinciales y legisladores oficilialistas, la Corte Suprema de Justicia sí se hizo eco, finalmente, de la indignación social por el aberrante femicidio de la profesora de Inglés Paola Tacacho, a manos de Mauricio Parada Parejas.
Por esto, la presidenta del máximo tribunal, Claudia Sbdar, ordenó una auditoría urgente en las denuncias que la víctima había presentado en contra de su asesino.
El mismo lunes, y en pleno asueto administrativo, Sbdar dispuso que se habiliten días y horarios inhábiles para que se realice la investigación a cargo del Cuerpo de Auditores. También pidió que se haga de manera urgente y que se informe qué trámite se dieron a las denuncias de la joven profesora de 31 años que fue asesinada de seis puñaladas el viernes por la noche.
La auditoría habría determinado que había 13 denuncias de Tacacho en el fuero Penal, una en el fuero Civil y una denegación de atención de su caso en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la propia Corte Suprema de Justicia.
Seis de esas presentaciones habrían sido archivadas, siete estarían sin resolución y una sola habría llegado a juicio, en la que el juez Francisco Pisa habría decidido absolver al acusado.
Versiones desde la Corte Suprema aseguran que Pisa podría tener el mismo que el destituido juez de Ejecución Penal, Roberto Guyot: auditoría, sumario administrativo de la Corte -si la auditoría revela incumplimiento de su deber- y elevación de pedido de juicio político.
En el caso de Guyot, ante las pruebas y los pedidos del propio máximo tribunal, la Legislatura avanzó con el juicio político y posteriormente con el Jury de Enjuiciamiento, que culminó con su destitución. Pero esto no sería tan simple con Pisa, un eterno aliado del poder de turno.
En las últimas semanas, Pisa benefició indirectamente al vicegobernador y Presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, en la causa de las escuchas del juez Enrique Pedicone al vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva, en las que el tranqueño aparece involucrado. El cuestionado juez declaró inadmisibles como pruebas, a las grabaciones de Pedicone, lo que casi implica la caída total del proceso por “tráfico de influencias”.
Ya fueron presentados los pedidos de juicio político contra Pisa (ver aparte), y la sociedad espera la respuesta a estas preguntas: ¿Avanzará la mayoría oficialista con los pedidos de juicio político contra Pisa, para revertir el absoluto descrédito que ha construido en los últimos años? ¿Tendrá respuesta la indignación popular en sus representantes o, una vez más, se erosionará la institucionalidad y la moral provincial?
Denuncia penal
El doctor Oscar López dio otro paso y denunció al Juez Pisa por «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La denuncia penal se ingresó este martes y también incluye a Washington Navarro Dávila, que en ese entonces era fiscal de instrucción y tenía la obligación de investigar qué estaba ocurriendo con Parada Parejas.
«Si la víctima efectuó entre 13 y 18 denuncias, ¿a ningún juez ni fiscal se le ocurrió pedir los antecedentes de la mesa de entradas? ¿oficiar para averiguar antecedentes psicológicos del autor? ¿convocar a su familia? ¿averiguar si existía algún juicio y/o sentencia dictada por discapacidad inscripta? ¿dictar sentencia de internación u ordenar pericias psicológicas? ¿proteger debida, eficaz y concretamente a la víctima?», cuestiona en uno de los puntos de la denuncia.
Para López, Paola vivió «6 años con una condena a muerte encima y se encontró con un proceso y una burocracia infame». Además pidió que se investigue si «recibieron, exigieron prebendas para sobreseer, archivar, omitir, incurriendo en peculado o cohecho», es decir si se pagaron coimas para lograr la impunidad de Parada Parejas. Es que el hermano del femicida, Ronald Parada Parejas (ver aparte), es conocido entre el poder provincial. «Este hombre es un poderoso financista, que manejó el dinero de la minera Bajo de la Alumbrera, con fondos por más de 200 millones, y Pisa, que es un sicario a sueldo del poder….», denunció López.