Lo que parecía ser la “avivada” de un empleado sanitario tucumano, está a punto de desembocar en uno de los mayores escándalos en la utilización de los recursos del estado tucumano, para el tráfico de estupefacientes.
Los férreos controles por la pandemia en Santiago del Estero, al final, lejos de evitar mayores contagios, fueron el punto de partida para esta historia que supera la ficción: la utilización de la inmunidad de la logística del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), para el traslado de drogas.
Un pequeño error cometido el 26 de octubre, en el desolado páramo santiagueño de Isca Yacu, cuando la policía detuvo a una pareja de tucumanos en un control de rutina, fue el punto de partida para confirmar las sospechas de una investigación que se inició en 2016, hace ya cuatro años.
Ese día, cuando los efectivos de la vecina provincia detenían los autos para evitar el traslado de infectados de Covid, Mabel Costilla, que conducía un Chevrolet Onix gris, se puso nerviosa e intentó eludir a los policías. Ante la sospechosa situación, requisaron con autorización judicial el vehículo y encontraron 120 kilos de marihuana. La mujer y Jesús Busto, su acompañante, fueron arrestados por orden del juez federal santiagueño Guillermo Molinari.
El escándalo que en Tucumán aparecía a los ojos del ciudadano común, la avivada del empleado del Siprosa Jesús Busto, para aprovechar la “inmunidad” de la que gozan los vehículos sanitarios en el traslado sin contratiempos de la marihuana, al parecer no era tal cosa, sino otro eslabón en el escándalo.
Tras una intensa investigación, la fiscala federal de Santiago del Estero, Ileana Garzón, llegó a la conclusión que los detenidos podrían ser miembros de una organización que se dedica al tráfico de drogas para luego comercializarlas en Tucumán. El rol de la pareja habría sido la de trasladar la marihuana, pero ahora quiere saber quiénes son los dueños de la millonaria carga.
Jesús Busto formaba parte del programa “Tucumán Te Cuida”, y habría ingresado gracias a un favor del concejal José Luis Coronel, quien intentó negar la relación con el detenido pero publicaciones en la redes sociales lo desmintieron.
La investigación previa
Las investigaciones de la funcionaria santiagueña coinciden con las sospechas que ya tenía en 2016 la Delegación Tucumán de la División Antidrogas de la Policía Federal que, con autorización de la Justicia Federal, comenzó a investigar un grupo que proveía drogas a diferentes redes de narcomenudeo de la capital y de ciudades del interior de la provincia. Todo comenzó con una denuncia anónima que apuntaba a trabajadores del Siprosa.
El origen de los estupefacientes, que según la investigación era marihuana pero también cocaína, habría sido Bolivia y Paraguay, a través de Salta y Corrientes. Según el expediente judicial, al que tuvo acceso el diario La Gaceta de Tucumán, la droga era trasladada a un lugar para “enfriarla” (retenerla durante un tiempo hasta que se pudiera distribuir). Y ese lugar sería el Departamento de Operativos Móviles del Siprosa que está ubicado en Italia y Alberti, en la puerta de ingreso del barrio Juan XXIII, conocido como “La Bombilla”.
En el expediente figuran como principales sospechosos Miguel Ángel “Liro” Andrade, Walter Darío “Hombre Lobo” Cardozo y Rubén “Leke” Suárez, todos con prestación de servicios en ese departamento del Siprosa. Pero también figura en el documento judicial, el nombre del concejal Coronel, que llegó a ser titular del Departamento de Operativos Móviles.
Según La Gaceta, estos tres sospechosos (al igual que Busto), ingresaron al Siprosa de la mano de Coronel, aunque en este caso él también lo niegue. Lo cierto es que ellos oficiaron de militantes en apoyo del propio Coronel, y también de Reneé Ramírez, secretario general del gremio ATSA, y actual legislador provincial. Sin embargo, ahora ambos (Coronel y Ramírez) se encuentran enfrentados políticamente. Los dos son en la actualidad dirigentes de ATSA, el más poderoso gremio de la sanidad en la provincia.
Pero el escándalo no se limita a la política tucumana. También roza a la Justicia Federal, ya que el flamante vocal de la Cámara Electoral de la Nación (entonces juez federal) Daniel Bejas, frenó un allanamiento que había pedido el fiscal federal Carlos Brito, después de tres años de investigación, porque “no se habían reunido las pruebas necesarias para concretar las medidas”.
La decisión del magistrado se registró en plena campaña electoral, y el sólo allanamiento de esta repartición del Sistema Provincial de Salud, habría implicado un tremendo golpe en la imagen del gobernador Juan Manzur, quien entonces pugnaba por la reelección.
Bejas fue recomendado por el mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, para cubrir la vacante en la Cámara Electoral. Su pliego fue aprobado la semana pasada por la mayoría oficialista en el Congreso, pese a los reclamos de la oposición por su cercanía al Partido Justicialista de Tucumán, del cual fue apoderado, además de haber sido abogado del ex gobernador José Jorge Alperovich y haber beneficiado a Manzur con el archivo de la causa en la investigación por enriquecimiento ilícito.
El juez no archivó la causa en 2019, pero los investigadores no pudieron concluirla. En diciembre, por la asunción de Alberto, estos efectivos federales que estaban al frente de la investigación fueron enviados a realizar la misma tarea a otras provincias o pasaron a retiro. Así se frustró cualquier posibilidad de éxito en las pesquisas.