La jueza de Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros, Mariana Josefina Rey Galindo expulsó de la provincia a un hombre acusado de violencia de género, esto ya que el apuntado violó dos órdenes de restricción de acercamiento y la vida de la víctima corría peligro.
Durante junio de este año tuvo inició la causa, cuando la víctima denunció al sujeto por violencia de género, desde allí se le prohibió al agresor acercarse a ella y a sus dos hijos menores de edad. Pero a mediados de septiembre, el hombre volvió al hogar, rompiendo cerraduras y entrando a la fuerza. Al pasar por esta situación, la mujer se vio obligada a irse junto a sus dos hijos a la casa de su madre.
La jueza cuando se enteró de la problemática, ordenó la exclusión del agresor y la restitución de la vivienda a la víctima, además ampliaron el radio de restricción de acercamiento a unos 10 kilómetros y pidió a la Fiscalía de Instrucción Penal que inicie una investigación contra el hombre por el presunto delito de desobediencia judicial.
De igual manera, no fue suficiente y un mes después el hombre volvió a atacarla, en aquel momento la jueza dijo que la mujer estaba “ante una situación de riesgo alto, donde se observa la naturalización de las diferentes formas de violencia tanto física como psicológica por las cuales se encuentra atravesando desde larga data». Y luego remarcó que la víctima “padece una de las más graves, y también habitual violencia contra la mujer y violencia familiar, siendo básico para su reconocimiento, otorgarle carácter público. No solo soporta un comportamiento violento de parte del acusado, sino que se ve obligada a sobrellevar la indiferencia del personal policial de la Comisaria de Famaillá, quienes tienen una orden judicial y específica para custodiar y cuidar no solo su seguridad sino el deber de vigilar la conducta del imputado».
Por último, agregó: «cualquier consecuencia más grave en este caso, implica asumir la responsabilidad institucional, social y personal, por la falta de cumplimiento de las mandas convencionales vigentes”.
En ese marco, Rey Galindo ordenó la expulsión del agresor de la Provincia de Tucumán hasta julio de 2021, y en el día del vencimiento del plazo, el hombre tendrá que presentarse en el Juzgado con su DNI y patrocinio legal. Además, la Policía buscará al sujeto de su casa, le concederá 15 minutos para levantar sus pertenecías y lo trasladaran hacia un hospital público para que se le realice un diagnóstico rápido de covid-19 e inmediatamente después llevarlo afuera de los límites provinciales.
Además, la magistrada agregó que deberá cumplirse esta medida en todos los puestos camineros fronterizos para conocimiento y ejecución, y que el fallo no solo implica que el acusado se aleje físicamente de la víctima, sino que tiene prohibido «el contacto telefónico, por redes sociales o a través de terceras personas, que pudieran poner en riesgo la salud física, mental y emocional».