El diputado nacional por Tucumán José Cano presentó un proyecto para que el Gobierno Nacional disponga la intervención federal de la Justicia en la provincia. Para el representante tucumano en la Cámara Baja, la crisis que afecta al Poder Judicial es tal que ya no está garantizada la vigencia de la Constitución Nacional.
“Un magistrado no es independiente cuando su designación es resultado de la militancia y no de sus méritos; y no goza de inamovilidad cuando su permanencia depende de su condescendencia con los designios de la política. Y cuando un magistrado no es independiente, no hay justicia”, opinó el referente opositor.
La iniciativa de Cano tiene como fundamentos nueve antecedentes registrados en los últimos catorce años que, a su juicio, sirven para graficar la situación crítica en la Justicia local. Si la idea del radical prospera, el presidente Alberto Fernández deberá designar a un interventor que tendrá la capacidad de remover, ratificar o suspender en sus cargos a jueces, fiscales, funcionarios y agentes en todo el ámbito judicial.
De aplicarse, la intervención al Poder Judicial tucumano se extendería por un año, con la posibilidad de prorrogarse por 180 días más. A la hora de fundamentar su proyecto, Cano puso especial énfasis en el caso del juez Enrique Pedicone, su denuncia contra el vocal de la Corte Daniel Leiva y la reacción de la Legislatura impulsando su destitución. “La crisis del Poder Judicial de la provincia, sin dudas, es responsabilidad de la política. Es el resultado de más de 15 años de un modelo de gestión que no ha encontrado límites en la ley”, añadió.
El opositor aseguró que la constante incorporación de actores políticos en la Justicia ha deteriorado a la institución y a su independencia.
Cano describió la institucionalidad tucumana como una república en la cual a los fallos de los jueces no los revisa la Corte Suprema sino la comisión de Juicio Político, en referencia al proceso de destitución que enfrenta el juez de Impugnación Enrique Pedicone, quien denunció que el vocal Daniel Leiva le pidió que “maneje la intensidad” de la causa contra el legislador Ricardo Bussi, según el opositor sea más o menos funcional al oficialismo.
“Hoy presenciamos un escenario escandaloso y contradictorio, en donde el Poder Judicial se mantiene silencioso ante la pública persecución política de un magistrado que denunció la indecorosa conducta de un vocal de la Corte. Todo ello, sumado a una magistratura inexpresiva frente a la ejecución política de un par y colega. El silencio reverencial, institucional y personal da cuenta de que se ha esfumado la independencia judicial, basamento vertebral de la vigencia de estado de derecho republicano”, finalizó Cano.