A los 70 años, víctima de coronovirus, falleció en la noche del martes el ex juez Felipe Terán, protagonista de uno de los más escandalosos casos de corrupción en la Justicia Federal de Tucumán.
El ex magistrado había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán por enriquecimiento ilícito el 17 de noviembre de 2017. La sentencia incluyó la inhabilitación absoluta durante el plazo de 10 años para ejercer un cargo público.
Antes, en 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), presidido por el juez Gabriel Casas, también lo había condenado por las causas de títulos públicos conocidas como “Borquez” y “Camandona”. También fueron condenados con igual pena los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca por las mismas causas.
Destitución
En 2006, cuando fue destituido, Terán denunció que el diputado nacional Manuel Baladrón, uno de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, le había pedido dinero para votar en su favor y evitar la destitución.
El ex juez, que durante el proceso en su contra nunca denunció el episodio, detalló que el pedido de coimas se lo había hecho otro diputado nacional que había actuado como mensajero de Baladrón, un justicialista de La Pampa.
Terán no reveló el nombre del otro legislador, pero sugirió que se trataba del tucumano Gerónimo Vargas Aignasse, también del PJ. El destituido juez dijo incluso que tenía una grabación de la conversación que había mantenido con ese diputado.
«Es un luchador de los derechos humanos», deslizó, mientras salía del Palacio de Justicia. Cuando un periodista le preguntó si hablaba de Vargas Aignasse, Terán respondió: «Puede ser, puede ser», y agregó que el diputado era yerno del otro juez federal de Tucumán, Jorge Parache. Ese magistrado también declaró ante el Consejo de la Magistratura por hechos similares a los que provocaron la destitución de Terán.
La destitución por mal desempeño se definió por seis votos contra tres. Pidieron su remoción los abogados Enrique Basla, Eduardo Roca y Ernesto Sagués, y los jueces Ramiro Puyol y Aidée Vázquez Villar. También, aunque con un voto diferente, el diputado Baladrón. Por el rechazo de la acusación votaron el juez de la Corte Eugenio Zaffaroni y los senadores Sergio Gallia (PJ-Neuquén) y José Luis Zavalía (UCR-Santiago del Estero).
El principal cargo contra Terán para su destitución fue el dictado de medidas cautelares que, a partir de excepciones del decreto de pesificación firmado en marzo de 2002, ordenaba a los bancos pagar en dólares las rentas de bonistas perjudicados por el default.
Como esas órdenes sólo detallaban el nombre y el número de cuenta bancaria de los amparistas, sin precisar el monto por el que se concedía el amparo, eso permitió que los ahorristas, una vez obtenido el fallo en su favor, compraran bonos depreciados que luego cobraron en dólares. Los que votaron su destitución sostuvieron que «el juez fue funcional a las maniobras que permitieron el enriquecimiento sin causa de determinados actores que se presentaron ante su juzgado».
Zaffaroni, autor de los fundamentos del voto por la absolución, reconoció que el juez actuó en forma irreflexiva y negligente, pero consideró que esa conducta no implica una connivencia con alguna de las partes.