Comienza el 2021 para las instituciones de la provincia, pero también comienza un año crucial para la política provincial y nacional, en el que se definirá en las elecciones legislativas, gran parte del futuro del Gobierno nacional con su determinante influencia en la política de Tucumán, y en la provincia saben perfectamente que deben elegir desde ya detrás de quién se alinearán.
El peronismo y el kirchnerismo provincial, que conforman un pragmático pastiche que se ha dedicado sólo a conservar el poder durante las últimas décadas, en detrimento del bienestar de los ciudadanos, lejos de intentar alejarse de la mala imagen que ha construido con gran eficiencia, iniciará su período legislativo con el emblemático proceso de destitución al juez Enrique Pedicone.
En los primeros tres días de febrero deberán comparecer personalmente ante el jury tres miembros de los Tribunales provinciales y dos abogados del foro.
En la ya famosa causa, el 1 de septiembre, Pedicone denunció en el Ministerio Público Fiscal que el vocal de la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias, coacción y violación de los deberes de su cargo. Sostuvo que el 28 de julio, en un bar de barrio Norte, el juez supremo le pidió que “maneje la intensidad” de la causa por supuesto abuso sexual y corrupción contra el legislador Ricardo Bussi.
Pero el vocal de la corte desmintió los cargos y contraatacó: denunció que todo se trataba de una maniobra del ex camarista, que empleaba “audios fabricados y editados” para desviar la atención de dos causas menores, que ahora se transformaron en importantes.
Hoy a las 11 está citada a declarar como testigo María Gabriela Blanco, ante la Comisión de Juicio Político de la Legislatura, la secretaria de Superintendencia de la Corte Suprema de la provincia. Pedicone sostiene que él recibió, el pedido expreso del alto tribunal de que trabajara durante “miniferia” de agosto. Esta es una de las causas menores con las que se espera destituir a Pedicone. En tanto, Andrés Garmendia, relator de Leiva, fue citado a dar testimonio ante el jury mañana, a las 9.30, por la misma cuestión.
En definitiva, se espera que la Comisión de Juicio Político de Legislatura actúe en corporativamente en defensa de Leiva, un vocal propuesto por la administración de Juan Manzur, también para bloquear el eventual perjuicio al vicegobernador Osvaldo Jaldo, involucrado por Pedicone en el escándalo.
Este desenlace permitiría al Gobierno y a la dirigencia peronista provincial, mostrar consistencia y unidad a la Nación, para encarar la campaña legislativa determinante para el futuro de la administración de Alberto Fernández.