Pese a que fue interpretado como un triunfo opositor en el Congreso, el inesperado rechazo del Proyecto de Presupuesto 2022 provocado por el virulento discurso de Máximo Kirchner que enardeció a Juntos por el Cambio, la caída de esta ley transforma todo el escenario de distribución de recursos para las provincias.
Así fue expuesto este fin de semana por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a través de una larga cadena en Twiter, donde expuso todas las previsiones de distribución de fondos a los estados provinciales para el año que viene, que ahora deberán ser revisadas y negociadas con cada uno de los gobernadores.
Las expresiones del dirigente del Frente de Todos fueron interpretadas como una extorsión financiera del oficialismo a las provincias opositoras, lo que provocó el enérgico repudio tanto de Juntos por el Cambio, pero también de diputados del oficialismo cordobés, enfrentados con el Gobierno Nacional.
Pero, para Tucumán, de la publicación de Massa surge un dato que debería ser preocupante si se tiene en cuenta la grave crisis que sufre el transporte público de pasajeros en la provincia, que estalló el año pasado con distintos paros que dejó sin colectivos a la población de San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Yerba Buena, Tafí Viejo, y sus zonas de influencia.
Ya sin Ley de Presupuesto 2022, Tucumán no podrá acceder automáticamente a los más de $1.800 millones de pesos previsto en el aumento extra al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano e Interurbano”, que preveía una suba de 26 mil millones, hasta 47 millones de pesos. El 9,76% por ciento de esos fondos iban a ser destinados a nuestra provincia, según el proyecto.
Sin embargo no se descarta que la buena relación actual entre la administración provincial y la nacional, que tiene como Jefe de Gabinete al gobernador en licencia Juan Manzur, termine por beneficiar a Tucumán en detrimento de las administraciones opositoras, ya que el destino de esos fondos se definirá en gran medida discrecionalmente.
Las críticas y las polémicas
Para entender la polémica hay que retrotraerse 24 horas. El domingo, el presidente de la Cámara de Diputados les envió un mensaje a los gobernadores en el que les indicaba que tendrán que rehacer sus presupuestos o recortar gastos. Su advertencia generó la reacción de la oposición, entre ellos el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y los diputados que responden a Juan Schiaretti en Córdoba.
Esta mañana se sumó Rodríguez Larreta, quien definió las palabras de Massa como una amenaza. “Cuando veo que amenazan a las provincias con que van a tener menos fondos, no muestran vocación de diálogo”, aseguró en un acto en donde presentó -nuevamente- el programa de tareas laborales para alumnos de quinto año.
Massa, uno de los principales líderes del Frente de Todos, recogió el guante. “Tal vez no se entienda o no saben cómo funciona el Presupuesto”, chicaneó en redes sociales. Y desarrolló: “Les reitero sin ninguna consideración el 1º de los 4 informes que surgen como resultado del rechazo al Presupuesto”.
“No lo hago de gusto, solo cumplo con mi responsabilidad institucional de informar con base en el funcionamiento de la Ley de Coparticipación Federal que se sustenta en la Constitución Nacional”, completó en un posteo que incluyó un informe sobre las implicancias del rechazo a la ley que había girado el gobierno nacional.
El informe señala que el primer efecto negativo se verificará de manera directa en los recursos coparticipables del impuesto sobre los bienes personales, por el que al 30 de noviembre pasado el Gobierno nacional llevaba recaudados cerca de $246.000 millones.
En diciembre de 2019, la mayoría oficialista en el Congreso sancionó la ley de emergencia delegando en el Ejecutivo la potestad de aumentar hasta 100% y hasta por dos ejercicios (2019 y 2020) las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales. Para la escala superior, de patrimonios personales superiores a $ 18 millones, la alícuota se elevó de 1,25% a 2,25 por ciento.
El proyecto de presupuesto contemplaba la prórroga de esta facultad delegada. Como el proyecto fue rechazado, la tasa máxima del impuesto será del 1,25% para el período fiscal 2021. Esto tendrá un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $76.312 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación.
Asimismo, el segundo impacto negativo a nivel tributario será la reducción de la recaudación en el impuesto a las ganancias dado que se comenzará a aplicar de manera “plena” el ajuste por inflación impositivo. Esto impactará en un efecto inmediato sobre la masa coparticipable: $104.254 millones no se girarán durante el 2022 a las Provincias y CABA por esta menor recaudación.
Por otro lado, las provincias perderán también otros beneficios previstos en el proyecto, entre los que se destacan: la posibilidad de establecer Áreas Aduaneras especiales y ampliar las zonas francas existentes (esto genera una fuerte pérdida de oportunidades para provincias como Misiones, Mendoza, Jujuy, Corrientes, Entre Ríos, Salta); el Plan plurianual de obras por un monto de $902.685 millones; el régimen de refinanciación de deudas con Cammesa (que afecta directamente a las provincias de Chubut, Mendoza, Jujuy, Buenos Aires, Misiones, La Rioja, Córdoba y Neuquén; y AMBA); y el cumplimiento de pago para los juicios ganados por las Provincias de Santa Fe y La Pampa.
Del mismo modo, los sistemas de salud provinciales tampoco podrán acceder a un beneficio importante como la devolución de IVA; así como muchas empresas y organismos estratégicos para el país, no lograrán contar con beneficios fiscales, tales los casos de INVAP (Rio Negro), y IMPSA y Salto Grande (Entre Ríos), entre otros, informó Infobae.