La sobrepoblación carcelaría es un problema conocido en la provincia. El Gobierno dice que está trabajando para solucionarlo a través de la construcción de alcaidías y una nueva cárcel. Una legisladora de la oposición, mientras, presentó un proyecto con el que asegura que se podría resolver el problema «casi de inmediato».
El martes pasado se escaparon 10 personas que estaban detenidas en dos comisarías: durante la mañana fueron cuatro los que se fugaron en El Manantial, esa misma noche se fugaron seis de la Comisaría Tercera de la capital. Esta situación volvió a poner las alarmas en un tema en el que los números son elocuentes.
En Tucumán el servicio penitenciario está colapsado: hay cerca de 1.500 reos cuando la capacidad es de sólo 900. Para los detenidos en las comisarías la situación empeora, ya que son 1.800 los aprehendidos, pero sólo hay espacio para contener a 400.
A esto se le suma la cantidad de nuevos presos que se incrementó considerablemente con la modificación del Código Procesal Penal, a través del cual los jueces hacen «condenas express». Mientras antes se condenaban, en promedio, poco más de 600 acusados por año, con el nuevo código ese número promedio ascendió a más de 3.000.
Los nuevos presos de 2021 (primer año completo en el que se aplicó la modificación) fueron 2.518, y en 2022 fueron 3.144. A esas cifras, además, se les debe añadir las causas resueltas que quedaron pendientes con el anterior sistema: fueron 442 en 2021 y 499 en 2022.
Propuestas de soluciones
La respuesta del oficialismo a esta problemática tiene que ver con el anuncio de cuatro alcaidías (que al final serán sólo dos), una cárcel y una ampliación del penal de Villa Urquiza.
Según el gobierno, antes de marzo del año que viene -y si nada demora aún más su concreción- estará lista la remodelación de un pabellón en el penal de Villa Urquiza y la alcaldía de Delfín Gallo, entre ambos aportarían 400 nuevos lugares para alojar a los presos. Por otro lado, la cárcel de Benjamín Paz, también sería inaugurada antes de esa fecha y contaría con capacidad apra recibir a 1.200 reos.
Por último, la alcaidía de Las Talitas, que aportará unos 400 cupos más, también está en los planes pero su construcción durará entre 12 y 18 meses. Por su parte, los proyectos de centros de detención en Banda del Río Salí y en Río Seco fueron descartados, el primero por falta de financiamiento y el segundo por el rechazo de los habitantes de la zona.
Tras las fugas en las comisarías esta semana, la legisladora de Juntos por el Cambio (JxC), Nadima Pecci, presentó un proyecto en la Legislatura para resolver el problema. «Volví a presentar un proyecto que desestimaron en 2021 y podría resolver casi de inmediato la superpoblación de reos en las comisarías y la consiguiente fuga de estos presos que pone en riesgo a la comunidad», escribió en su cuenta de Twitter.
El objetivo del proyecto, según explicó Pecci, es adecuar y controlar el sistema de alojamiento de detenidos en unidades no penitenciaras. «Contemplaba el alquiler y adecuación de inmuebles, a fin de alojar a los detenidos que se encuentran fuera de las dependencias del sistema penitenciario de la provincia y hasta tanto fueran reubicados en unidades penitenciarias».
A su vez, el legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, envió una nota a su par Roberto Chustek (Frente de Todos) -presidente de la comisión de Seguridad y Justicia-, en la que solicitó que «se invite» al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, para que brinde explicaciones por la fuga de detenidos.
El legislador pidió que: «se informe el número de detenidos alojados en la actualidad en las comisarias de la provincia; la cantidad de efectivos policiales afectados a la tarea de custodia de los detenidos; cuál es la capacidad de alojamiento de detenidos en las dependencias policiales de Tucumán; cuál es el grado de avance de la obra del penal de Benjamín Paz y la fecha estimativa de finalización».