Esta semana, una nueva medida de clausura ha cerrado las puertas de otro icónico paseo comercial en el microcentro. Las persianas metálicas amarillas de la Feria del Jardín se han bajado indefinidamente por decisión del Tribunal Municipal de Faltas.
Los comerciantes que operan en el lugar fueron sorprendidos al llegar a su rutina de trabajo ayer por la mañana, al descubrir que debido a la falta de habilitación municipal, el sitio estaba clausurado, impidiéndoles realizar sus ventas diarias.
Algunos de ellos optaron por recoger sus productos, empaquetarlos en bolsas o carritos, y trasladarlos temporalmente en busca de mejores noticias o una comprensión más clara de la situación, ya que la sorpresa y la confusión inicial se apoderaron de los feriantes.
Pero esta clausura no es aislada. Es que las necesidades políticas de la intendenta Rossana Chahla entran en conflicto con las de los trabajadores tucumanos, en una cuestión tan sensible como la supervivencia de los feriantes de la capital provincial.
El incendio del Mercado Persa el pasado noviembre, que resultó en la trágica muerte del bombero Jonathan Ezequiel Agudo, ha sido utilizado por el gobierno capitalino para justificar las clausuras de estos mercados colectivos que sustentan a miles de comerciantes, sus empleados y sus familias.
Paradójicamente, los mismos inspectores que ahora encuentran irregularidades por todas partes para impulsar las clausuras son los responsables del desenlace fatal en el edificio de la segunda cuadra de la calle Salta. Aunque la muerte de Agudo conmocionó a la opinión pública tucumana, pocos líderes han abordado la grave consecuencia del incendio: más de cien comerciantes perdieron sus fuentes de ingresos.
En este contexto, es esencial resaltar el perfil del feriante, un sector invisible para el periodismo tradicional, que tiende a centrarse en las clases más bajas, generalmente beneficiarias de planes sociales, o en las clases más altas, capaces de hacer frente a la insostenible presión fiscal. Los feriantes, verdaderos emprendedores que carecen de acceso al crédito bancario y no tienen un garante para alquilar un local en el microcentro, son aquellos que día a día se esfuerzan por abrir sus puestos, pagar proveedores, salarios a empleados y, sobre todo, ofrecer productos a precios asequibles para la sociedad empobrecida de Tucumán. Ahora, lamentablemente, son perseguidos por políticos que, durante años, han vivido del Estado sin comprender siquiera el significado de la producción.
Al parecer, la clase política ignora la lección contundente que dejaron las urnas en la última elección presidencial, donde se condenaron todas las conductas de la dirigencia que empobrecieron y frustraron a millones de argentinos en estos años.