Este domingo, la calma en la provincia se vio perturbada por el rumor de una posible huelga policial. El descontento con las negociaciones salariales en curso motivó a un grupo de efectivos a utilizar las redes sociales como plataforma para incitar a sus compañeros a unirse a la protesta.
El jefe de Policía, Joaquín Girveau, lejos de tolerar cualquier acto de indisciplina, tomó medidas contundentes. Tras iniciar las actuaciones correspondientes y reunir pruebas, realizó una denuncia formal ante la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Mariana Rivadeneira. Una alta fuente policial aseguró a El Federalista que los integrantes de la fuerza piden un salario cercano al millón de pesos.
Este accionar rápido y firme evoca el fantasma de la huelga policial del 2013, un capítulo oscuro en la historia de la provincia. En aquel entonces, la protesta derivó en saqueos, violencia y dos muertes, dejando una profunda herida en la sociedad tucumana.
En esta ocasión, la justicia también ha reaccionado con celeridad. La fiscal Rivadeneira, al analizar la denuncia, solicitó al juez de turno la autorización para realizar una serie de allanamientos en el Gran San Miguel de Tucumán, con el objetivo de identificar y detener a los cabecillas de la intentona.
Las medidas, que ya se encuentran en curso, buscan evitar que la situación se descontrole y derive en hechos lamentables como los del 2013.
Cabe destacar que la semana pasada, el Gobierno de la Provincia había iniciado las negociaciones salariales con los distintos gremios estatales, incluyendo a la policía. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de Policía, Joaquín Girveaux, se reunieron con representantes de la fuerza para discutir sus demandas.
En ese contexto, Girvaux transmitió un mensaje de tranquilidad a los efectivos, asegurando que el comando superior está comprometido en encontrar el mejor acuerdo posible para el bienestar de la policía.
Las próximas horas serán cruciales para determinar el desenlace de esta situación. La firmeza del gobierno y la celeridad de la justicia, junto al diálogo y la búsqueda de soluciones, serán claves para evitar que la historia se repita y que Tucumán vuelva a vivir una huelga policial con las terribles consecuencias que ello conlleva.
La huelga de 2013
El 8 de diciembre de 2013, la Policía de Tucumán se acuartelaba en reclamo de mejoras salariales. Lo que comenzó como una protesta, se convirtió en una tragedia: durante tres días, la provincia se vio envuelta en saqueos, enfrentamientos y violencia. El saldo: una cifra incierta de muertos y una herida profunda en la sociedad tucumana.
Casi una década después, 42 personas, entre policías y ex jefes, se sentarán en el banquillo de los acusados por el delito de sedición agravada. Se los acusa de haber motorizado la huelga, de amenazar a sus compañeros para que no se presenten a trabajar y de no haber tomado las medidas necesarias para desactivar el conflicto.
El juicio, que comenzó en diciembre de 2023 en el entrepiso del anexo de Tribunales Penales de Tucumán, es un hito en la historia de la provincia. Por primera vez, se juzgará a un grupo de policías por un delito tan grave como la sedición.
Los acusados pueden ser condenados por sedición agravada, incitación a la violencia colectiva, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada, hurto y robo calamitoso. Algunos también serán juzgados por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos.
De los 47 acusados originales, cuatro fueron sobreseídos, dos fallecieron y uno permanece prófugo. El tribunal a cargo del juicio estará compuesto por Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica.