Durante décadas, la corrupción ha sido una constante en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), estrechamente vinculada al radicalismo. Los recursos de la UNT, controlados por varios rectores de la UCR, se utilizaron para financiar numerosas campañas electorales, siendo el principal botín los fondos mineros de YMAD.
El reciente desplazamiento de Fernando Jalil, hermano del gobernador de Catamarca, como presidente de YMAD, ha puesto de manifiesto una vez más los entramados corruptos que persisten en la institución.
Antes de su salida, Jalil logró un adelanto de utilidades del balance 2022 a Catamarca y la UNT por $3.000 millones, a pesar de que ya se había aprobado un anticipo por $2.500 millones del mismo balance. Estos fondos, que deberían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier según la ley, están siendo desviados con la complicidad de la Justicia Federal.
El directorio de YMAD, con participación de directores tucumanos, falsificó la culminación de la Ciudad Universitaria en 2008, permitiendo que la UNT renunciara a recibir el 40% de las utilidades de la empresa minera. Sin embargo, en 2014, la Cámara de Apelaciones ordenó reservar el 50% de ese porcentaje hasta la finalización del campus.
A pesar de estos dictámenes legales, la UNT continúa recibiendo millonarias regalías mineras sin avanzar en la construcción de la Ciudad Universitaria. Recientemente, YMAD distribuyó $5.500 millones correspondientes al año 2022, y tanto la Provincia como la UNT disponen libremente de estos recursos.
La actual conducción de la UNT, representada en YMAD por Domingo Marchese y Roberto Toledo, está bajo escrutinio por su rol en la gestión de estos fondos y la falsificación de la Ciudad Universitaria. El juicio contra ex funcionarios de la UNT podría arrojar luz sobre estos hechos corruptos que privaron a Tucumán de un campus universitario ejemplar en San Javier.