El Ministerio de Capital Humano intentó establecer un diálogo con los rectores universitarios, pero la firmeza del ministro de Economía en mantener un déficit cero frustró cualquier posibilidad de negociación.
La marcha universitaria masiva desencadenó una serie de conflictos y tensiones dentro del gabinete, especialmente entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Poco antes de la marcha, renunciaron dos funcionarios clave del Ministerio de Capital Humano, incluida la mano derecha de Pettovello.
A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Capital Humano por buscar una solución al conflicto, incluida la consideración de adelantar fondos para mitigar la protesta, Caputo se opuso firmemente, insistiendo en mantener el déficit cero.
Esta situación profundizó la división entre la ministra de Capital Humano y su par de Economía, que ya habían chocado en febrero por los fondos destinados a la asistencia social.
Tensión en el gabinete y críticas a la estrategia gubernamental
La masiva manifestación contra el gobierno debido a los recortes presupuestarios para las universidades generó tensión en el gobierno debido a su estrategia. En lugar de intentar calmar la protesta, predominó la intransigencia, y el presidente incluso avivó las llamas al descalificar a los manifestantes en un polémico posteo en redes sociales.
Según la UBA, más de 800,000 personas participaron en la marcha universitaria.
A pesar de las imágenes captadas por drones que mostraban la magnitud de la protesta, el gobierno intentó minimizarla, afirmando que solo participaron 150,000 manifestantes. La UBA, por su parte, informó que más de un millón de estudiantes, docentes, egresados y ciudadanos comunes se movilizaron en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad en todo el país.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó la marcha como «politizada» para restarle validez, refiriéndose a los políticos opositores que participaron como «el tren fantasma». Sin embargo, la participación de los políticos fue marginal en comparación con la presencia genuina de amplios sectores de la sociedad en la marcha.
Además, el gobierno intenta justificar el ajuste y el peor presupuesto en términos reales desde 1997 con el argumento de las auditorías, aunque las universidades estatales son auditadas regularmente por la Autoridad General de la Nación. La denuncia del presidente sobre un supuesto «adoctrinamiento» en las universidades públicas también carece de fundamento, ya que quienes han pasado por sus aulas saben que existe una gran libertad de pensamiento.