La acusada de 61 años había sido aprehendida el sábado pasado durante un allanamiento realizado en un domicilio donde se secuestraron grandes cantidades de alimentos. Es la cuarta imputada en la causa. El Ministerio Fiscal le formuló cargos por el delito de encubrimiento por receptación.
Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de feria, que dirige Ignacio López Bustos, este lunes 22 de enero se realizó una nueva audiencia en el marco de la causa en la que se investiga la presunta venta ilegal de mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social tenía destinada a entidades sociales, comedores y otras organizaciones.
En esta oportunidad, el MPF imputó a una mujer de 61 años, identificada como Rosa Margarita Ibáñez, quien el sábado último resultó aprehendida durante una medida de allanamiento realizada en un domicilio ubicado en avenida San Ramón al 500 de San Miguel de Tucumán, donde se secuestraron grandes cantidades de alimentos.
La acusación
Durante el acto procesal, la auxiliar de fiscal Julieta Molé, le imputó a la femenina ser presunta autora del delito de encubrimiento por receptación dolosa en perjuicio de la Administración Pública. En este sentido, la funcionaria le reprochó a Ibáñez tener en su poder grandes cantidades de harina, puré de tomate, lentejas, fideos y polenta, elementos que fueron secuestrados de su domicilio durante la medida de allanamiento realizada el sábado pasado. “Dicha mercadería fue adquirida por la acusada con conocimiento que la misma eran bienes del Estado Provincial, suministrados por el Ministerio de Desarrollo Social para su distribución, mediante donación, en los diferentes dispositivos alimentarios, causando así un perjuicio a la Administración Pública”, expresó la investigadora.
Entre las evidencias aportadas por la fiscalía se hizo mención a declaraciones de testigos que manifestaron haber visto, en varias oportunidades, vehículos descargando la mercadería en dicho domicilio.
Por otro lado, la representante del MPF pidió la prisión preventiva de la imputada por el plazo de 30 días. Sin embargo, la jueza interviniente no hizo lugar a la misma y ordenó que a la mujer se le impongan medidas de coerción de menor intensidad.
La causa
La investigación se inició a raíz de la denuncia efectuada a mediados de este mes por una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social. Según la pesquisa, diferentes personas habrían comercializado los productos a través de las redes sociales.
En virtud de esto, el Ministerio Público Fiscal llevó adelante cerca de 20 medidas de allanamientos en diferentes lugares del Gran San Miguel de Tucumán, donde secuestraron mercadería.
Hasta el momento la causa cuenta con cuatro imputados: Rosa Ibáñez (61); Adrián Juárez (37) y Juan Juárez (27), a quienes se les dictó la prisión preventiva por 22 días; e Ivana Sánchez (33), quien se encuentra con arresto domiciliario.
Con respecto al avance de la investigación, fuentes del caso informaron que se preparan nuevas medidas para llegar a establecer el origen de los autores de la malversación de la mercadería.