Tanto el magistrado, Enrique Pedicone, como sus abogados, Fernanda Battig y Arnaldo Ahumada, se opusieron a que la denuncia contra el vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, se tramite con las reglas del Código Procesal Penal antiguo. Así lo dictamino la fiscala Mariana Rivadeneira, y pretende Leiva y su defensor, Esteban Jerez.
De parte de los denunciantes, en un planteo ante Rivadeneira y Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción Penal N°1, dijeron: “La fiscala renunció a su imparcialidad al optar por el régimen de los papeles y del secretismo”. También aseguraron que “Estamos ante la mayor claudicación de la democracia tucumana”. El escrito considero que el Poder Judicial de la Provincia estaba dando la espalda al reclamo social de transparencia y de publicidad en una acusación de la máxima relevancia institucional.
El 1 de septiembre entro en vigor de manera plena el nuevo Código Procesal Penal, el cual es el destino de esta oposición por parte de los denunciantes en la acusación interpuesta. Este se basa en las audiencias orales y públicas, que suprime las investigaciones escritas.
El ministro público fiscal subrogante, Daniel Marranzino, dijo que como los supuestos hechos ilícitos databan de julio debían esclarecerse con el viejo Código de 1991. Al denunciar, Pedicone considero que aun para ese paradigma los artículos que permitían implementar las audiencias orales y públicas, eran vigentes. Pero la defensa de Leiva rechazo, luego, la fiscala Rivadeneira adhirió a la posición del imputado y Marranzino.
El denunciante y sus abogados reflexionaron que el nuevo Código había brindado la esperanza de iluminar el proceso penal, y de terminar con la exclusión de la ciudadanía de los temas de gran trascendencia institucional. Y formularon estas cuestiones: “¿Ahora resulta que justamente en esta causa por la que la sociedad viene reclamando conocer y tener acceso vamos a tramitarla por el Código derogado? ¿Vamos a dar por tierra el nuevo sistema en los albores de su nacimiento hiriéndolo de muerte?”.
Recordemos que esto sucedió cuando, el pasado 28 de julio, el vocal solicito al juez del Tribunal de Impugnación, Enrique Pedicone, manejara las intensidades del proceso de Bussi con invocación de los nombres del gobernador Juan Manzur, y el vicegobernador Osvaldo Jaldo. El imputado y su defensa negaron los hechos, asegurando que los audios del magistrado eran falsos, y que si la petición aun así hubiera existido, no sería un delito.