Hace poco más de una semana, exultantes, se reunieron en Casa de Gobierno el gobernador, Osvaldo Jaldo, la interventora del Ipvdu, Stella Maris Córdoba; Mario Nahas presidente Cámara Argentina de la Construcción Delegación Tucumán; y Jorge Garber, presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción. La razón de la alegría era la noticia de la llegada de millonarios fondos nacionales para obra pública en la provincia.
Sin embargo, este lunes, la satisfacción de Garber se transformó en fuertes críticas contra el Gobierno provincial por haber marginado a las empresas tucumanas del plan. ¿La razón? Al parecer, será el propio Sisto Terán, actual secretario Unidad Belgrano Norte Grande de la Nación, quien dirija (o direccione) los proyectos. Raúl Natella, viejo compañero del ex vicegobernador de Julio Miranda, será el encargado de “supervisar” que se cumplan las disposiciones de la Casa Rosada.
Con ese fin, en los próximos días el Poder Ejecutivo enviaría a la Legislatura el proyecto para modificar la Ley de Ministerios con la intención de otorgar rango de ministerio a la Secretaría de Obras Públicas. Esta estructura será la encargada de manejar los más de 50 mil millones de pesos que en los próximos meses comenzarán a llegar a la provincia desde la Nación.
Esos recursos aparecen comprometidos en los diversos convenios que el gobierno de la provincia ya firmó y algunos otros que forman parte de la carpeta proyectos con el Estado nacional. Los fondos tendrán como destino obras públicas vinculadas con la construcción de viviendas, reparación o alistamiento de rutas y otras tantas iniciativas que abrirán distintos frentes de obras en el interior de la provincia.
El ingeniero Natella, fue secretario de Obras Públicas de la gestión de Ramón Ortega. En su paso por la gestión de gobierno, entre 1992 y 1995, Tucumán hizo obras emblemáticas como la Nueva Terminal de Ómnibus y la avenida Presidente Perón, además de un ambicioso plan de obras en la sistematización de ríos para prevenir las inundaciones en el sur de la provincia.
Indignación
La creación del ministerio coincidió con las fuertes críticas de Garber, quien cuestionó que la ley 9.287, que prioriza la contratación empresas tucumanas por sobre otras foráneas no se encuentre en pleno funcionamiento porque no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo (PE). “Necesitamos que la ley nos proteja de los no foráneos porque ellos son aves de paso”, expresó.
La norma “compre Tucumán” fue impulsada por el oficialismo -por pedido del empresariado-, sancionada por la Legislatura a principios de agosto y promulgada por el PE a fines de dicho mes. Sin embargo, Garber afirmó que en las últimas semanas aparecieron empresas foráneas para competir con las firmas tucumanas. “Venimos de seis años de no trabajar nada. Y ahora que empieza a haber obras se inscriben estas empresas; no hay razón para que la ley no esté reglamentada y en pleno funcionamiento”, dijo.
En ese sentido, el titular de la Constructora Gama marcó que actualmente hay firmas de otras provincias que están ejecutando obras en Tucumán, las cuales se llevan los dividendos a sus distritos. “Mientras tanto, nosotros seguimos con desocupación porque los planes para la construcción de viviendas no han comenzado. Las obras que están en ejecución no alcanzan para bajar los 10.000 desocupados de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción)”, planteó.
Haz lo que digo…
Sin embargo, el propio Garber fue involucrado en denuncias por supuestos direccionamientos en las adjudicaciones de la obra pública en la provincia. El 14 de mayo, el ex diputado José Vitar hizo una presentación que ingresó en la Fiscalía Federal N°1 que encabeza Carlos Brito.
Este documento detalla posibles anomalías cometidas con $ 900 millones que la Nación otorgó en 2020 a Tucumán para financiar obras en el servicio de agua potable y de cloacas en San Miguel de Tucumán. Según Vitar, contratistas y responsables de la SAT se habrían puesto de acuerdo para adjudicar los proyectos no a la oferta más baja sino a la que exhibía un “precio promedio”.
La presentación indica que ese proceder estaría sostenido en excusas desprovistas de razonabilidad, y que habría ocasionado daños cuantiosos al erario y la disposición de un margen para el supuesto pago de retornos.
La denuncia generó la reacción de Garber quien intimó a Vitar a retractarse. Sin embargo, el dirigente político refirió que le resultaba elocuente “la furia” que había generado “un simple pedido de investigación” en funcionarios y empresarios: “estos se comportan con la prepotencia y la soberbia de quienes están acostumbrados a la impunidad”. Y agregó que confirmaba aquella apreciación el hecho de que la SAT haya abierto nuevas convocatorias a presentar ofertas por fuera del sistema legal que garantiza la mayor transparencia, que es la licitación pública.