El empresario de la obra pública Lázaro Báez, quien fuera detenido en el marco de la causa denominada «ruta del dinero K» el 6 de abril de 2016 sería beneficiado con la prisión domiciliaria.
La medida coercitiva se activó a partir de un fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, donde los jueces tuvieron en cuenta la opinión del fiscal Abel Córdoba, quien se expresó a favor de la prisión domiciliaria para Báez con motivo de la suspensión de los juicios orales en contra del acusado, a raíz de la pandemia. Transcurridos los plazos sin elevar la causa a juicio, el amigo de Néstor Kirchner podrá esperar nuevas fechas para la realización de los juicios en la comodidad de su casa de unos 250 m2 cubiertos, en un lote de más de 800m2 y una pileta de 6×4.
El fiscal sugirió que se utilice una pulsera electrónica y que se fije una fianza equivalente en pesos a USD 5.500.000. Ese monto surge de la diferencia que se había depositado en una cuenta en Bahamas de USD 10 millones y USD 4.500.000 que la Justicia logró congelar, por lo que el Tribunal Oral Federal N° 4 fijó esa fianza en $632 millones, tomando el valor del dólar blue.
La defensa de Báez apeló el monto de la fianza y presentó un escrito que dice: “La caución fijada por el Tribunal deviene exorbitante y de imposible cumplimiento, justamente, en función de los múltiples embargos e inhibiciones impuestos por VVEE, en diversos expedientes”. El TOF 4 decidió postergar la respuesta.
Asimismo solicitaron una reducción sustancial de la fianza, aunque estarían negociando la contratación de un seguro de caución, por el que Báez debería pagar todos los meses una prima millonaria.
Lázaro ante la justicia
Lázaro Báez fue detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello, quien investiga la denominada «ruta del dinero K». El magistrado dispuso un fuerte operativo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Federal y Báez fue arrestado apenas aterrizó en el aeropuerto de San Fernando en un vuelo privado proveniente de Santa Cruz.
El 25 de abril de 2016 se realizaron allanamientos a cargo de la Adminitración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y fuerzas de seguridad con funcionarios judiciales en unas 50 propiedades, para constatar con qué dinero fueron comprados los bienes, tales como: escrituras, artículos de lujo, vehículos, tasación de propiedades, etc. Según el Tribunal de Tasación de la Nación, la suma de todas esas propiedades asciende a los 140 millones de dólares.
El 29 de abril de 2016 Lázaro Báez pidió protección para sus hijos ya que habrían sido amenazados.
El 12 de mayo de 2016, la UIF pidió a la justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye Báez y de otros acusados en la causa, como Austral Construcciones, Gotti S.A y la constructora Kank y Costilla, ambas de Báez, el Club Boca Juniors de Río Gallegos, S.G.I. la financiera de Daniel Pérez Gadín, y de Helvetic Service Group, y las firmas Epsur y Misahar, entre otras.
En mayo de 2016, Leandro Báez, hijo menor de Lázaro Báez, recusó al juez de la causa. La reacusación fue rechazada por el juez y elevada. El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, ofreció a Leandro declarar como «colaborador» en la causa en la que su padre está procesado y detenido por lavado de dinero.
El pabellón donde se encuentra recluido Lázaro tiene un sistema de cámaras de seguridad para controlar a los internos. En cualquier momento podría continuar su detención en su casa del country Ayres del Pilar, donde vecinos expresaron su disconformidad con el arribo del acusado.