La Cámara de Casación agravó la situación del periodista militante K Carlos Ezequiel Guazzora y lo puso al borde de la cárcel, en una causa en la que en marzo pasado había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por “coacción reiterada” en el contexto de violencia de género contra la ex diputada tucumana por el Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba, actual interventora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Si bien el tribunal oral federal número tres había dispuesto que Guazzora permaneciera en libertad bajo reglas de conducta (entre ellas “abstenerse de mantener todo tipo de contacto con Córdoba y realizar un curso sobre perspectiva de género”), la Cámara de Casación revió esa decisión ante la gravedad de los hechos.
El máximo tribunal penal resolvió condenar a Guazzora por “coacción agravada por haber sido cometido con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de un miembro de los poderes públicos”. En ese sentido, resolvió “reenviar las actuaciones al tribunal de procedencia para que en forma urgente proceda a fijar la pena que corresponda”, que podría ser ahora de cumplimiento efectivo.
La Sala Tercera de la Casación, en un fallo firmado por los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, entendió que el tribunal oral que lo condenó “a la hora de calificar los hechos no reparó en tan delicado aspecto, pues descartó la figura agravada cuya aplicación resultaba indiscutible e impuso una irrisoria sanción de cumplimiento condicional que lejos se condice con la gravedad del caso”.
Guazzora conoció a Córdoba cuando era mozo en un restaurante y trabaron relación personal, que se extendió también a un vínculo laboral, pues el periodista se desempeñó en el Ministerio de Justicia, luego en la Auditoría General de la Nación y finalmente recaló en comisión en el Consejo de la Magistratura.
Cuando la relación afectiva terminó, al poco tiempo también se extinguió a laboral, y según el fallo, Guazzora le advirtió a Córdoba que iba a llevar la situación a los medios de comunicación para afectar a la imagen de la legisladora.
El fallo que agravó la condena estableció que Guazzora “no dudó en amenazarla con contar todo lo sucedido al Grupo Clarín –medio comunicacional paradójicamente tan denostado por él públicamente-, llegando incluso a enviar, con inusitado despecho, correos electrónicos a funcionarios del más alto rango para perjudicar la carrera política de su ex pareja”. Ese objetivo, añade el fallo, fue “finalmente logrado, pues la nombrada jamás volvió a ser incluida en una lista de candidatos”.
“Están probados los hechos. No fue una reacción de enojo sino una reacción deliberada, reiterada en cuatro oportunidades, mediando violencia de género”, sostuvo la condena que ahora deberá ser revisada con una carga de agravante.
La Cámara de Casación pudo haber determinado por sí misma la condena (y eventualmente la detención) de Guazzora, pero resolvió que “a fin de no privar de instancias a las partes, se habrán de reenviar las actuaciones al tribunal de procedencia para que en forma urgente proceda a fijar la pena que corresponda”.
Los orígenes de la disputa
El conflicto comenzó con una denuncia que la entonces diputada había hecho a su ex asesor por amenazas para que lo reincorpore al cargo luego de que lo hubiera echado. Según denunció, en la amenaza le habría dicho que tenía un arma de fuego y que no tenía miedo de usarla contra ella.
Así fue como el juez federal Claudio Bonadio allanó la vivienda de Guazzora y hubo un hallazgo llamativo: un sobre caratulado con la leyenda manuscrita ‘Héctor Farías Brito’ dirigido a la diputada con el sello Urgente. En él se le explicaba a Córdoba, quien en ese tiempo también integraba el Consejo de la Magistratura, los pasos a seguir para que quedase ternada una mujer que se postulaba como candidata a jueza en un concurso.
La postulante era Mariana Beatriz Pucciarello, una de las candidatas a cubrir una vacante en la Cámara Civil y Comercial Federal y para la cual se definían las ternas en el concurso 260.
De esa manera se puso bajo la lupa a Córdoba y a Brito. Un testigo aseguró que la diputada les había garantizado a sus asesores estabilidad laboral de declarar en la Justicia en contra de Guazzora, sobre que «era una persona violenta y que se drogaba».