Luego que se conociera la firma del gobernador Juan Manzur a la renuncia condicionada del juez Francisco Pisa, y que se multiplicaran las críticas ante esta decisión, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, difundió los insólitos fundamentos de la decisión del mandatario.
Vargas Aignasse señaló: «se ha tenido en cuenta que, cuando se rechazó las renuncias condicionadas de magistrados en casos similares, el fuero Contencioso Administrativo y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia han declarado nulos esos decretos y han obligado al Ejecutivo a dictar nuevos actos administrativos con la aceptación de las mismas. Esto se produjo en los fallos «Piedrabuena» y «Herrera Molina» (ambos jueces del tribunal del caso «Marita Verón»), alegando la violación de derechos fundamentales de raigambre constitucional».
La funcionaria, que también firmó el decreto que favoreció a Pisa, intentó responsabilizar a anteriores fallos de la Corte Suprema, para justificarse: «Sostuvo la Corte Suprema en los fallos que mencioné anteriormente que cuando un magistrado cualquiera cumplió con la totalidad de los recaudos y exigencias que establecen las leyes nacionales y provinciales y la normativa específica para magistrados y funcionarios, inmediatamente adquiere el derecho de acceder a los beneficios jubilatorios; y estos derechos a la seguridad social son, en todos los casos y dada su naturaleza, irrenunciables, imprescriptible y universales».
«Teniendo en cuenta lo antes mencionado y los antecedentes jurisprudenciales en los fallos ‘Piedrabuena’ y ‘Herrera Molina’, que han condenado a la Provincia de Tucumán obligando al Ejecutivo a aceptar renuncias condicionadas de magistrados en casos de similares características a las del juez Pisa, es que se procedió en consecuencia y se dictó el acto administrativo correspondiente, considerando que en cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables; y en este caso puntual el camino estaba ya trazado en virtud de los fallos judiciales anteriormente citados», resumió la ministra Vargas Aignasse.
La familia Tacacho se mostró molesta desde un primer momento con el gobernador Manzur, ya que sostienen que en ningún momento se comunicaron ante el doloroso momento que atraviesan.