El Frente de Todos, el mismo espacio político que había aceptado la renuncia del juez Juan Francisco Pisa, a través del gobernador Juan Manzur, terminó por destituirlo. Esta mañana, así lo decidió el Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura, debido a su actuación en el caso de Paola Tacacho, la docente salteña que fue asesinada por el hombre que la acosaba, Mauricio Parada Parejas.
La decisión del órgano interpoderes fue tomada por unanimidad. De esta forma, el magistrado no podrá acceder al beneficio de la jubilación con el 82% móvil. Las demoras de Anses fueron fundamentales para permitir la destitución.
Entre noviembre de 2015 y mayo de 2020, Paola Tacacho realizó 15 denuncias penales contra Parada Parejas, un ex alumno que la acosaba y hostigaba de forma recurrente. El 30 de octubre de 2020, fue asesinada por ese hombre en pleno Barrio Norte. Tras el femicidio, Parada Parejas se quitó la vida.
El Jury consideró que Pisa era responsable por los tres cargos que le había reprochado la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Según el Jurado, Pisa incumplió con los deberes a su cargo por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva; por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho; y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa.
Pero el caso de la docente salteña es apenas uno entre decenas de otras decisiones del magistrado que siempre benefició a los poderosos con polémicos fallos, como hizo en este caso con el hermano del conocido financista Ronald Parada Parejas.
La empresa Gasnor, Beatriz Rojkés, el ex ministro de Economía Jorge Jiménez, el diputado Pablo Yedlin, el Ministro Fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez, Mario Koltan, Juan Manzur y Daniel Leiva, entre otros influyentes dirigentes, fueron beneficiados por fallos del cuestionado magistrado a lo largo de sus casi 20 años en el cargo.
Pisa también fue el encargado de evitar la investigación al fiscal Carlos Albaca para dilucidar su responsabilidad penal en el encubrimiento del más impune femicidio de Tucumán en la historia reciente: el asesinato de Paulina Lebbos. En junio de 2014 Pisa dictó la nulidad de la solicitud investigación a Albaca, que había pedido la mismísima Corte Suprema, lo que permitió a Albaca jubilarse sin sanción alguna, sin afrontar el juicio político ni rendir cuentas sobre su sospechoso trabajo en el caso. Esta vez, Pisa no tuvo quién lo salve.
Ya en diciembre de 2004 Pisa había sobreseído a la esposa del entonces gobernador José Alperovich, Beatriz Rojkés, en la causa en la que se habían investigado presuntas irregularidades por contratación de publicidad oficial, durante la administración de Julio Miranda, por medio de la Fundación PIBE (la primera dama la presidía) y de las agencias Magritte, Dellagalera y Cliché. El presunto delito denunciado databa de 2001, cuando Alperovich era el poderoso ministro de Economía provincial.
En 2005, el magistrado también fue el encargado de archivar una denuncia contra Gasnor por el supuesto pago de un soborno de 900 mil pesos a autoridades del Ministerio de Economía, que en ese entonces dirigía Jorge Jiménez. La compañía había obtenido la revocación de la resolución de Rentas que la obligaba a pagar $ 11 millones por una deuda del impuesto de sellos.
Pero no siempre Pisa pudo salirse con las suyas. En 2010, el juez fue apartado de la causa en la causa “Marchese” por haber prejuzgado a favor de Gustavo Jiménez, hijo del ministro Jorge Jiménez. En 2006, Silvia Jantzon de Marchese y Domingo Marchese, Madre e hijo, resultaron víctimas en el accidente que se produjo el 21 de diciembre de 2006 cuando el Fiat Palio Adventure en el que circulaban fue embestido por el joven, quien conducía a gran velocidad un Chevrolet Corsa.
En 2008, el juez dispuso el sobreseimiento del ex interventor Mario Koltan en una investigación por posibles irregularidades en la gestión de los intereses del Instituto de Previsión y Seguridad Social. En 2010, declaró la nulidad del requerimiento que le solicitaba abrir una investigación jurisdiccional en “Funsal”, proceso que implicaba al actual diputado Pablo Yedlin, por entonces ministro de Salud de Tucumán.
El escándalo Funsal fue el intento de pago de 800 mil pesos a una fantasmal fundación para el dictado de cursos para odontólogos. Las irregularidades fueron corroboradas en 2010 por el Tribunal de Cuentas de Tucumán, quien dio a conocer la Acordada 990, a través de la cual se le aplicó una multa equivalente a cinco sueldos al propio Yedlin.
Pisa también liberó a Ariel Fernando Páez, hijo de un encumbrado dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (Seoc), quien asesinó a Javier Molina de una puñalada en el pecho durante una pelea que se produjo en una reunión social. La decisión fue tomada contra las recomendaciones del fiscal interviniente.
Más cerca en el tiempo, otro caso resonante en que Pisa desprotegió a las víctimas fue el del odontólogo Sebastián Juliano, acusado de abuso de una menor. El magistrado lo liberó días después de ser detenido, en una causa que causó revuelo en la sociedad de Tucumán. También, Pisa decidió que no había riesgo de fuga en la causa contra policías tucumanos que secuestraron a un agricultor chaqueño para extorsionarlo, y los liberó para esperar el juicio en libertad.
En 2018, el juez rechazó la elevación a juicio oral de la famosa causa Tevez, con lo que evitó la investigación sobre las denuncias de la acusada Roxana Tevez, contra Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez, hijos del actual jefe de fiscales, Edmundo “Pirincho” Jiménez. “Yo anhelaba un juicio oral y público, había muchísimas cosas para probar, pero no me han dado la oportunidad”, dijo la supuesta beneficiada.
En 2020 se conoció que Pisa sobreseyó a Juan Manzur por el supuesto enriquecimiento ilícito durante los años 2003-2009, período en el cual el funcionario denunciado se desempeñó como ministro de Salud y vicegobernador del ex mandatario y senador José Alperovich. El juez emitió el sobreseimiento por pedido de Washington Navarro Dávila, entonces fiscal, y ministro público de la Defensa y vocal de la Junta Electoral desde octubre de 2018.
Esta nueva legitimación del monstruoso e injustificable patrimonio de Manzur fue dictada el 11 de mayo de 2017, pero el denunciante había podido acceder a una copia sin firmas días antes de la pandemia. Después de todos estos casos, el hecho de que los hijos de Pisa, Matías y María de la Paz hayan sido designados discrecional y respectivamente en el Tribunal de Cuentas y en la Justicia, parece accesorio.
Tampoco sorprende que, por decisión de Pisa, no hayan podido ser usados en el proceso por la denuncia de Enrique Pedicone contra Daniel Leiva, los audios que ya todos los tucumanos escuchamos. Ahora él, sufrió la misma suerte del destituido Pedicone. De todas formas, no todo está cerrado, ya que Pisa podría recurrir a la Justicia para lograr que, a pesar de la destitución, cobre su jubilación del 82 por ciento móvil.