Hasta el domingo todo parecía transparente: Adiunt resistía una vez más el regreso a las clases presenciales en las escuelas medias de la Universidad Nacional de Tucumán, y los padres de esos alumnos reclamaban lo contrario.
Pero este martes La Gaceta publicó súbitamente que en realidad “los padres” se quejaban de que “hay una fuerte presión sobre ‘los padres’ para que acepten las clases presenciales”, y de repente coincidían con el paro convocado por Adiunt.
¿Qué pasó? Es muy difícil de entender para quienes no conocen las internas de universitarias ni comprenden la oscuridad que ha adoptado La Gaceta en sus publicaciones. Es verdad que todos son padres de alumnos, pero están enfrentados políticamente.
Sin embargo, hasta el martes nunca se habían pronunciado estos “segundos padres” a favor de las huelgas promovidas por Adiunt. Y es que estos “segundos padres” son muy cercanos a los dirigentes de ese gremio docente.
Una de las firmantes del documento publicado por La Gaceta el día martes, María Joaquina Caldelari, es pareja del Secretario General de Adiunt, Diego Toscano (del Partido Obrero), el impulsor de las medidas de fuerza extrema que se han llevado a cabo en el último año.
El resto de los firmantes son militantes del Partido Obrero, kirchneristas (no manzuristas), personas cercanas a la burocracia docente (o no) de la UNT o autodefinidos “progres”, comprometidos con la continuidad de la cuarentena.
Este último grupo es el que ha reclamado formalmente durante muchos meses, con cada vez más adherentes, por el regreso de las clases presenciales. Este grupo es al que La Gaceta identificaba como “padres de alumnos de escuelas universitarias”. Pero ya no.
Desde ayer, en complicidad con el más tradicional de los medios tucumanos, ya nadie sabe quiénes son los “padres de alumnos de escuelas universitarias”. Adiunt ha decidido, el mejor (o peor) estilo de lo más rancio de las burocracias sindicales: embarrar la cancha para volver invisible el reclamo original de los padres.
Por todo esto resulta preocupante que el mismísimo Partido Obrero, víctima de estas operaciones en su apoyo a Alberto Lebbos, cuando Edmundo “Pirincho” Jiménez financió sus propias marchas Contra la Impunidad para disolver el reclamo por Paulina, apele a estas estrategias.
La militancia sindical del Partido Obrero, que conoce en carne propia las terribles consecuencias de estas sucias operaciones, y tiene a la muerte de Mariano Ferreyra como la palpable muestra de ello, actúe de la misma forma que la burocracia sindical peronista que venían a superar.