“A veces uno cree que es mucho más fácil reformar la Constitución que el régimen de coparticipación” asegura Silvina Batakis, secretaria de provincias del Ministerio del Interior. Como también lo reconocen desde el Gobierno Nacional.
Hace unos días, Alberto Fernández decidió quitar los fondos de coparticipación a la Ciudad para dárselos a la Provincia de Buenos Aires y creo un conflicto entre el oficialismo y la oposición. Desde la Casa Rosada, los reclamos ajenos no simplifican el camino, cambiar ese sistema es más difícil que reformar la Constitución Nacional, ya que se trata de un proceso muy complejo no solo por los pasos que demanda si no porque además pide alcanzar los más amplios consensos políticos, algo que parece inimaginable en un país donde predomina la lógica de la polarización.
En 1988 se aprobó la ley para establecer los criterios provisorios con los que la Nación les entregaría a las diferentes provincias la masa de los recursos provenientes de los impuestos y los parches que se le aplicaron en aquel momento. Con dicho argumento se justifica la quita de fondos a CABA, con el objetivo de avanzar a un país más equitativo.
Los gobernadores se emocionaron con las promesas del Presidente, para lograr ser más justo entre las provincias. El dinero que se le otorgó al Gobierno de Axel Kicillof, seria para arreglar el conflicto salarial que la policía bonaerense estaba reclamando, después de haber hecho uso de ella con ese fin, quedaría libre de disponibilidad. Además, todos los mandatarios peronistas, excepto el cordobés Juan Schiaretti, aceptaron firmar un comunicado para respaldar la decisión del Estado ante la quita de fondos a Capital Federal. Y por supuesto, la oposición no estuvo de acuerdo con la medida impuesta, los gobernadores Gerardo Morales de Jujuy, Rodolfo Suarez de Mendoza, y Gustavo Valdés de Corrientes no dieron su aval.
