El brutal femicidio de Paola Tacacho a manos de Mauricio Parada Pareja, sobreseído por el juez Francisco Pisa por la violación de la perimetral impuesta para proteger a su víctima, llevó el nombre del magistrado en todos los portales de noticias del país. Pero en la prensa de la provincia ya había estado infinidad de veces y no por la ejemplaridad de sus fallos sino por haber favorecido siempre a los más poderosos e influyentes de Tucumán en sus decisiones.
En 2016, el fiscal Diego López Ávila pidió someter a juicio al asesino por desobedecer la orden de restricción de acercamiento. El fiscal presentó testimonios de personas que vieron en reiteradas oportunidades al femicida merodeando por el lugar donde trabajaba la víctima. Sin embargo, Pisa rechazó el planteo por considerar que las pruebas «no resultan suficientes para elevar la causa a juicio oral».
Que el asesino sea hermano del polémico y poderoso empresario Ronald Parada Pareja no hace más que confirmar la “simpatía” de Pisa por el poder político y financiero. La empresa Gasnor, Beatriz Rojkés, el ex ministro de Economía Jorge Jiménez, el diputado Pablo Yedlin, el ex ministro de Gobierno Edmundo “Pirincho” Jiménez, Mario Koltan, Juan Manzur y Daniel Leiva, entre otros influyentes dirigentes, fueron beneficiados por fallos del cuestionado magistrado a lo largo de sus casi 20 años en el cargo.
Paulina Lebbos, Rojkés, Yedlin
Pisa también fue el encargado de evitar la investigación al fiscal Carlos Albaca para dilucidar su responsabilidad penal en el encubrimiento del más impune femicidio de Tucumán en la historia reciente: el asesinato de Paulina Lebbos. En junio de 2014 Pisa dictó la nulidad de la solicitud investigación a Albaca, que había pedido la mismísima Corte Suprema, lo que permitió a Albaca jubilarse sin sanción alguna, sin afrontar el juicio político ni rendir cuentas sobre su sospechoso trabajo en el caso.
Ya en diciembre de 2004 Pisa había sobreseído a la esposa del entonces gobernador José Alperovich, Beatriz Rojkés, en la causa en la que se habían investigado presuntas irregularidades por contratación de publicidad oficial, durante la administración de Julio Miranda, por medio de la Fundación PIBE (la primera dama la presidía) y de las agencias Magritte, Dellagalera y Cliché. El presunto delito denunciado databa de 2001, cuando Alperovich era el poderoso ministro de Economía provincial.
En 2005, el magistrado también fue el encargado de archivar una denuncia contra Gasnor por el supuesto pago de un soborno de 900 mil pesos a autoridades del Ministerio de Economía, que en ese entonces dirigía Jorge Jiménez. La compañía había obtenido la revocación de la resolución de Rentas que la obligaba a pagar $ 11 millones por una deuda del impuesto de sellos.
Pero no siempre Pisa pudo salirse con las suyas. En 2010, el juez fue apartado de la causa en la causa “Marchese” por haber prejuzgado a favor de Gustavo Jiménez, hijo del ministro Jorge Jiménez. En 2006, Silvia Jantzon de Marchese y Domingo Marchese, Madre e hijo, resultaron víctimas en el accidente que se produjo el 21 de diciembre de 2006 cuando el Fiat Palio Adventure en el que circulaban fue embestido por el joven, quien conducía a gran velocidad un Chevrolet Corsa.
En 2008, el juez dispuso el sobreseimiento del ex interventor Mario Koltan en una investigación por posibles irregularidades en la gestión de los intereses del Instituto de Previsión y Seguridad Social. En 2010, declaró la nulidad del requerimiento que le solicitaba abrir una investigación jurisdiccional en “Funsal”, proceso que implicaba al actual diputado Pablo Yedlin, por entonces ministro de Salud de Tucumán.
El escándalo Funsal fue el intento de pago de 800 mil pesos a una fantasmal fundación para el dictado de cursos para odontólogos. Las irregularidades fueron corroboradas en 2010 por el Tribunal de Cuentas de Tucumán, quien dio a conocer la Acordada 990, a través de la cual se le aplicó una multa equivalente a cinco sueldos al propio Yedlin.
Pisa también liberó a Ariel Fernando Páez, hijo de un encumbrado dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros del Comercio (Seoc), quien asesinó a Javier Molina de una puñalada en el pecho durante una pelea que se produjo en una reunión social. La decisión fue tomada contra las recomendaciones del fiscal interviniente.
Más cerca en el tiempo, otro caso resonante en que Pisa desprotegió a las víctimas fue el del odontólogo Sebastián Juliano, acusado de abuso de una menor. El magistrado lo liberó días después de ser detenido, en una causa que causó revuelo en la sociedad de Tucumán. También, Pisa decidió que no había riesgo de fuga en la causa contra policías tucumanos que secuestraron a un agricultor chaqueño para extorsionarlo, y los liberó para esperar el juicio en libertad.
En 2018, el juez rechazó la elevación a juicio oral de la famosa causa Tevez, con lo que evitó la investigación sobre las denuncias de la acusada Roxana Tevez, contra Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez, hijos del actual jefe de fiscales, Edmundo “Pirincho” Jiménez. “Yo anhelaba un juicio oral y público, había muchísimas cosas para probar, pero no me han dado la oportunidad”, dijo la supuesta beneficiada.
Manzur, Leiva, Abigail y Paola
Este año también se conoció que Pisa sobreseyó a Juan Manzur por el supuesto enriquecimiento ilícito durante los años 2003-2009, período en el cual el funcionario denunciado se desempeñó como ministro de Salud y vicegobernador del ex mandatario y senador José Alperovich. El juez emitió el sobreseimiento por pedido de Washington Navarro Dávila, entonces fiscal, y ministro público de la Defensa y vocal de la Junta Electoral desde octubre de 2018.
Esta nueva legitimación del monstruoso e injustificable patrimonio de Manzur fue dictada el 11 de mayo de 2017, pero el denunciante había podido acceder a una copia sin firmas días antes de la pandemia. Después de todos estos casos, el hecho de que los hijos de Pisa, Matías y María de la Paz hayan sido designados discrecional y respectivamente en el Tribunal de Cuentas y en la Justicia, parece accesorio.
Tampoco nos sorprende que, por decisión de Pisa, no puedan ser usados en el proceso por la denuncia de Enrique Pedicone contra Daniel Leiva, los audios que ya todos los tucumanos escuchamos. Es decir, no importa lo que ya todos sabemos. Más importantes que la verdad y la justicia son las convenientes formalidades creadas a la medida del poder.
Así se legitima el más escandaloso caso de corrupción que afecta a la Justicia de Tucumán desde 1983, en que se reinstauró la democracia. Pero también así se desprotege a nuestras mujeres y niñas de la violencia machista que afecta tanto a Abigail, en una zona marginal y pobre, como a Paola, en uno de los barrios más caros y «protegidos» de San Miguel de Tucumán. Porque los dos problemas son el mismo. No hay Estado, no hay Justicia.