Una nueva denuncia contra un alto funcionario golpea a la Justicia de Tucumán. Esta vez, una vez más, es el titular del Ministerio Pupilar de la Defensa (MPD), Washington Navarro Dávila el acusado. La presentación lo acusa de haber ejercido violencia de género y acoso laboral contra la Defensora Oficial María Isabel Vidal Sanz.
En un escrito de 22 fojas, la magistrada -representada por la abogada María Dolores Remis– expresa una serie de hechos que, según su versión, dan cuenta de la supuesta persecución por parte del jefe de los defensores oficiales.
Ante ello, Vidal requirió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que se active el Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en el ámbito del Poder Judicial; que se la traslade de la órbita del MPD para «preservarla de nuevos hechos de violencia y futuras represalias»; y que se remitan las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para la investigación «de la posible comisión de los delitos» denunciados, entre otras medidas.
Remis sostuvo que «los hechos de violencia y de acoso laboral sufridos por mi mandante» comenzaron a registrarse «desde el momento mismo de la asunción de Navarro Dávila como Ministro Pupilar y de la Defensa», en 2018.
«Aprovechándose de su situación de superior sobre la señora Defensora Oficial, no hesitó perseguirla, hostigarla y amedrentarla para lograr su cometido literalmente siniestro: el sometimiento y la subordinación total a su figura, sólo vigente en las líneas de regímenes verticales inadmisibles en cualquier Estado de derecho», afirmó la letrada.
Además, la letrada señaló una serie de hechos de «maltrato y humillación», como el traslado de empleados de su confianza de oficina; la desafectación de recursos humanos; y las descalificaciones hacia su persona, entre otras situaciones.
«El Ministro realizó cientos de nombramientos con carácter ‘interino’, y a muchos les habría hecho firmar su renuncia en formularios con fecha en blanco, sembrando el pánico y la sumisión de todos los trabajadores y aprovechándose de la necesidad de trabajar de los agentes», señala la denuncia efectuada ante la CSJT.
Uno de los puntos más sensibles de la presentación refiere al caso de Rocío Rojas, el brutal femicidio perpetrado en julio pasado contra una niña de sólo cuatro años.
Según la denuncia, Navarro Dávila apuntó contra la magistrada, responsabilizándola por el aberrante desenlace que tuvo la pequeña. Incluso, apuntó la abogada, el titular del MPD impulsó en contra de su representada un trámite administrativo, en medio de supuestas amenazas telefónicas y de advertencias de iniciarle un juicio político.
«El día 26/07/21 notifican a la Dra. Vidal que debía, en un plazo inferior a 48 horas, informar el listado de juicios que tramitaban en la Defensoría Civil con datos específicos que se requerían en una planilla que ellos mismos le proporcionaban, tarea absolutamente imposible de cumplir (se trataba de casi 4.000 juicios) e innecesaria desde que el MPD tiene acceso a todo el sistema y recibe estadísticas de manera regular. Una vez más la presión y persecución acechaban a mi mandante, asumiendo modalidades y formas diversas que incidían no solo en su estado de ánimo sino en su rendimiento y estado de salud físico, cada vez más debilitado», advierte la presentación.
Respuesta de Navarro Dávila
Pero Navarro Dávila rechazó las acusaciones. «No tengo conocimiento formal de esa presentación y, siendo respetuoso de las funciones de cada órgano del Poder Judicial, esperaré oportunamente tomar conocimiento y formularé todas las declaraciones que correspondan. Estoy a disposición de sus peticiones», aseguró el ministro pupilar.
En declaraciones a La Gaceta, dijo: «Pongo de manifiesto que a partir del gravísimo hecho de la niña Rocío, se inició una investigación administrativa a pedido de la misma denunciante -Dra. María Isabel Vidal Sanz- la cual se encuentra en trámite por ante la Secretaría de Superintendencia. Partiendo de la situación que se vivió, se fijó a los Defensores Civil y Niñez el cumplimiento de horario de sus funciones (de 8 a 13 horas y de 16 a 19 horas). Reitero que en ningún momento hubo violencia laboral».
Otra vez
Esta no es la primera denuncia contra Navarro Dávila. En mayo de este año, Erika Romina Juárez, relató el acoso sexual que vivió de manera constante durante los años 2019 y 2020, por parte del Ministro.
La contadora Juárez se desempeñaba como secretaria administrativa de dicho Ministerio perteneciente al Poder Judicial de la provincia. Durante varios meses de acoso y amenazas, fue despedida junto a su hermana y todos los miembros del equipo con el que trabajaba.
Los despidos con los que el Ministro Navarro Dávila la amenazó durante dos años, se concretaron finalmente el 15 de diciembre del 2020. Fueron despedidos 7 empleados que se desempeñaban en el mismo equipo de trabajo que Erika: su hermana Giselle Juárez, la contadora María Silvia Pujol, Marcela Abraham, Noelia Escalera, Álvaro Díaz y la ingeniera Florencia Velardez.
En la denuncia presentada en Tribunales, Erika señala como fecha de inicio del acoso por parte del Ministro, el 21 de abril de 2019. También manifiesta que cuando ingresaron al Ministerio, Navarro Dávila los hizo firmar una renuncia en blanco y además les aclaró que no «les permitía» afiliarse al gremio. Esta práctica (requerir la renuncia en blanco) fue denunciada en ambas presentaciones.