El Ministerio de Mujeres, Genero y Diversidad, brindo los detalles del Programa AcompañAR, junto al anuncio del presidente Alberto Fernández, que tiene como fin brindar ayuda económica y acompañamiento tanto a mujeres como a la población LGBTIQ+ que estén viviendo una situación grave de violencia.
El programa no requerirá de denuncia judicial, no será burocrático y será compatible con las demás asistencias estatales. Seguirá el proceso de autonomía de las víctimas, según señalo la coordinadora de la iniciativa, la abogada Claudia Perugino.
“Se cierra una larga lucha y se inicia un nuevo capítulo en el reconocimiento de un derecho para las mujeres y personas de las diversidades sexuales que atraviesan situaciones graves de violencia de género” indico Perugino. La profesional también es docente de una amplia trayectoria en la militancia política, los derechos humanos en donde acompaña a familiares de víctimas de feticidios, a niños y niñas abusados/as.
Perugino ya se encontraba trabajando en distintas áreas nacionales vinculadas a la violencia de género como el programa “Las Victimas contra las Violencias”, quien coordina Eva Giberti, abogada del programa institucional contra la violencia de género en la Universidad Nacional de Quilmes y en donde, es docente con un diplomado de abordaje a las violencias.
¿En qué se basa el Programa AcompañAR?
En un inicio, consta de dos eslabones: “el económico y el de acompañamiento”. Y según indicó la funcionaria “porque si solo fuera económico y lo demás no lo potenciamos, quedaría trunco”. El mismo otorgara una ayuda económica equivalente a un salario mínimo ($16.875) durante un lapso de seis meses para los gastos esenciales de personas en situación de violencia extrema y de riesgo.
Para saber quiénes pueden acceder, la cartera del Ministerio ya habría elaborado un “programa informático”, en el cual se “permite integrar datos de todo el país y posibilita definir si el riesgo es bajo, medio, alto o altísimo”. Y en este mismo sentido, las unidades que funcionan en provincias y municipios se encargaran de cargar los datos de las personas que soliciten ingresar al programa.
Al mismo tiempo, las personas que trabajan en relación de dependencia, monotributistas o autónomas, jubiladas, pensionadas, o que perciban la prestación por desempleo, o alguna otra asistencia estatal por situación de violencia, no podrán acceder al programa. Pero, si es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo para Protección Social (AUxE), personas con hijos o hijas con discapacidad, quienes perciban monotributo social o que sean trabajadoras de casas particulares y cobren el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
“Revisamos cada situación con el equipo, cruzamos información con ANSES para ver incompatibilidades, y luego avisamos a la unidad respectiva que se aprobó el ingreso y se le comunica a la persona. Queremos evitar la burocracia, sabemos que quien está en situación extrema de violencia no puede pensar en papeles y tramites”, señalo Perudigo.
Por otra parte, la funcionaria hanlo del cambio de paradigma, que significa que no se solicitara una denuncia judicial a quienes accedan al programa porque “somos conscientes de la complejidad de la denuncia y no siempre las situaciones son judiciales”. Luego de que la persona accede al programa, la unidad local “debe realizar un seguimiento y acompañamiento y, finalizados los seis meses se brinda una evaluación para saber si es persona pasa a otro programa o si pudo acceder a un trabajo registrado”.
“No requiere de una contraprestación, porque se trata de estar al lado de las personas que atraviesan situaciones de violencia, que tienen que ver con la violencia física, pero también con el control de su autonomía y de la propia vida, y estos procesos en soledad son imposibles”, sostuvo la funcionaria a cargo de AcompañAR. Y señalo que el programa iniciara en las provincias de Buenos Aires, Rio Negro, Santa Fe y Chaco.