En la madrugada del sábado, cuando al oficial Alejandro Díaz su hija le dijo haber sido abusada por un joven, no fue a ninguna comisaría de la Policía de Tucumán (que él mismo integra) ni hizo la denuncia en la Justicia. Simplemente recorrió varios kilómetros en la zona de Romera Pozo hasta dar con quien, supuestamente, había sido el agresor y lo mató.
Un día después, también de madrugada pero en el capitalino San Cayetano, el enfermero Andrés Quiroga disparó y mató (por un supuesto error) a Lisandro Bravo (conocido como Chino Majestic), un joven de 20 años cantante de rap que había salido de una fiesta con Nahuel Brito, de 19 años. Este último joven, según indicaron vecinos al diario La Gaceta, había tenido problemas con Quiroga, quien lo había denunciado en la comisaría de la zona, pero la Policía no logró o no quiso hacer nada para frenar el conflicto.
Casi en simultáneo, no muy lejos de allí, en el barrio Alejandro Heredia, en la esquina de pasaje Díaz Vélez y avenida Democracia, se produjo una pelea entre los grupos identificados como Los Medina y Los Guisito. “Ahí se agarraron fiero… Los Medina recibieron de lo lindo y se fueron. Pero a los gritos dijeron que se vengarían”, dijo un vecino al mismo matutino.
Según fuentes judiciales, quienes prometieron revancha fueron a buscar armas y comenzaron la persecución de quienes consideraban sus agresores. Los encontraron en una vivienda a la altura de Marina Alfaro al 3.000. Allí se armó una gran balacera con el saldo de un muerto, un herido de gravedad y otros de menor consideración. Luego de que se difundiera la noticia del fallecimiento, una turba de más de 20 personas llegaron al domicilio de los acusados y le prendieron fuego.
Así fue el primer fin de semana de diciembre en la provincia de Tucumán, donde nadie confía en que ni las fuerzas de seguridad ni la Justicia vayan a garantizar la paz, ni responder a sus reclamos: todo se resuelve por mano propia. Primero el oficial Díaz, después el enfermero, luego los Medina y Los Guisito, y por último quienes incendiaron la casa de los acusados.
Mientras tanto, el gobernador Osvaldo Jaldo destina efectivos policiales a recorrer bares y fiestas para asegurar que la gente cumpla con la disposición de salir con el Pase Sanitario, y amenaza con multas previstas en un decreto que es a todas luces inconstitucional, como lo denunció la especialista Carmen Fontán y reclamo del Colegio de Abogados.
Modelos a seguir
Sin embargo, quien ahora preside la Suprema Corte de Justicia, Daniel Leiva, es prácticamente el único que podría declarar que la disposición avasalla los derechos de los ciudadanos e instar a corregirla. Pero este juez es quien fue escuchado por todos los tucumanos cuando presionaba al camarista Enrique Pedicone, según él por orden del propio Jaldo, para conseguir los favores del legislador Ricardo Bussi.
Si bien no prosperaron las acciones judiciales contra Leiva y Jaldo, no fue porque se haya demostrado que no era la voz del alto magistrado o porque el audio fuese falso, sino por formalismos. Este caso tiene el agravante que Leiva jamás se preocupó demostrar que no era él quien hablaba, sino que se conformó por evitar una condena judicial que frenara su meteórica carrera en la institución.
Todos sabemos cómo terminó: con la increíble destitución del denunciante, quien había presentado las pruebas. Tiempo después, pero por otras cuestiones políticas, destituyeron a Juan Francisco Pisa, quien evitó que se usaran los audios para el proceso.
Por todo esto no es de extrañar que los ciudadanos de la provincia hayan perdido absoluta confianza en las instituciones: el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y también en las fuerzas de seguridad, que tiene cada vez más de sus miembros involucrados en causas penales. Entonces que no nos llame la atención la justicia por mano propia ni que muchos tucumanos hayan decidido armarse para lograr la protección, la justicia y la seguridad que las instituciones les niegan todos los días.
Por Germán García Hamilton