La Corte Suprema de Justicia de Tucumán negó el amparo presentado por Luis Iriarte para acceder a la nómina del personal del Poder Legislativo. Los jueces del alto tribunal indicaron que la Ley Nacional 27.275 exceptúa de la obligación de brindar el acceso cuando “se trataba de información que contenga datos personales y no pueda brindarse mediante la aplicación de los procedimientos de disociación”.
Asimismo, los vocales dijeron que la Ley Nacional de Protección de Datos Personales (25.326) definía como tales a la “información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal”. Para la Corte son “datos sensibles”. Incluye a aquellos “datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, e información referente a la salud o a la vida sexual”.
Por su parte, Iriarte expresó que esta situación es escandalosa y cortesana, sugiriendo que la Justicia se suma al modus operandi del gobierno de turno. Iriarte dijo que el amparo estuvo fundado en el derecho de acceso a la información pública consagrada por la forma republicana de gobierno y además por normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con jerarquía constitucional y por la Carta Democrática Interamericana.
“La Corte de Justicia, con la firma de su presidente Daniel Leiva, de estrecha vinculación política con el actual gobernador interino Osvaldo Jaldo, de Eleonora Rodríguez Campos, Daniel Posse y el camarista Sergio Gandur, dictó sentencia rechazando mi acción de amparo”, dijo el exconvencional constituyente. Iriarte peticionó la publicación de la nómina de todo el personal de asesores de legisladores que se desempeñaron durante la gestión de Jaldo como vicegobernador desde 2015 hasta junio de 2020.
Vinculó su reclamo por las sumas asignadas al presupuesto legislativo, una de las más caras del país, que pagan los contribuyentes cumpliendo sus gravosas obligaciones fiscales. En relación a esto, Iriarte expresó: “Sospeché, dado el estricto secretismo en torno a estos datos’. Y agregó: «Era posible pensar en un uso y abuso de los recursos públicos en la Legislatura, aplicados discrecionalmente a ‘amigos del poder’ o a ‘familiares del poder’, o a ‘militantes del poder’, con consecuencias relevantes en los procesos político-electorales, afectando la igualdad de oportunidades para postulaciones a cargos públicos”.