Representantes del gobierno actual están realizando gestiones con gobernadores y líderes opositores para obtener su respaldo a una iniciativa, condicionando así su participación en las negociaciones de un pacto fiscal que alivie la situación de las provincias.
Después del revés sufrido en el Senado con el rechazo al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno ha puesto en marcha una agenda de trabajo para agilizar el tratamiento en la Cámara de Diputados de una segunda versión de la Ley ómnibus, tras el fracaso del primer intento durante las sesiones extraordinarias.
El viernes pasado, el ministro de Interior, Guillermo Francos, mantuvo una reunión con referentes del bloque del PRO. En este encuentro estuvieron presentes destacados diputados como Cristian Ritondo, Diego Santilli, Silvia Lospennato, entre otros.
Posteriormente, acompañado por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el virtual viceministro de Interior, Lisandro Catalán, Francos se reunió con representantes del bloque radical liderado por Rodrigo De Loredo. Este último, junto a otros miembros del bloque, firmó una carta en contra de Martín Lousteau por haber votado en contra del DNU en el Senado, lo que fue interpretado como una señal hacia el gobierno.
Esa misma tarde, el gobierno dejó filtrar a los medios el contenido de la nueva versión de la ley de Bases, que será más acotada y dejará afuera ciertos temas que generaban controversia en la oposición.
Este lunes, Francos cerró la ronda de conversaciones con bloques de la oposición moderada al recibir en su oficina al presidente de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y Oscar Agost Carreño, entre otros. Durante este encuentro, se discutió sobre la posibilidad de colaborar con el gobierno en el tratamiento de la nueva legislación.
Por el momento, el gobierno no ha cedido en su propuesta de ajustar las jubilaciones mensualmente en base a la inflación, pero ha mostrado disposición para debatir ciertos temas incluidos en el mega decreto.
El gobierno buscará asegurar votos mediante concesiones a la oposición dialoguista, mientras que con los gobernadores aplicará una estrategia más exigente. La lista de empresas privatizables se ha reducido significativamente, y se espera que este sea uno de los puntos clave en las negociaciones.
La incertidumbre persiste en cuanto al resultado de la votación en la Cámara de Diputados, por lo que el gobierno se muestra cauteloso y no da nada por sentado. Se prevé que las negociaciones continúen en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas.