El Gobierno se encuentra en medio de una polémica por sus consideraciones sobre la situación de represores como Alfredo Astiz, analizando desde la posibilidad de indultos hasta modificaciones en fallos judiciales que podrían permitirles regresar a sus hogares.
Santiago Caputo, asesor estrella del presidente, busca impulsar un gesto contundente a favor de los genocidas como parte de lo que considera una «batalla cultural» prioritaria, por encima de temas económicos o políticos.
El grupo Marlboro, liderado por Caputo, ha mantenido reuniones con allegados a Victoria Villarruel, con la esperanza de marcar una diferencia en el próximo 24 de marzo.
Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien construyó su trayectoria en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), espera que esta agenda no interfiera con su rol institucional, aunque anhela un gesto firme por parte del Gobierno.
La estrategia del oficialismo apunta a cambiar el significado del día de conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar, lo que ha generado preocupación en la oposición y en los organismos de Derechos Humanos.
En este contexto, el Gobierno ha comenzado a tomar medidas en la esfera judicial, como la propuesta de Manuel José García Mansilla para la Corte Suprema, lo que ha avivado la polémica.
Además, se han planteado versiones sobre la posibilidad de indultos a los genocidas, aunque esta medida es cuestionada por la Justicia y se considera incompatible con delitos de lesa humanidad.
El debate sobre la legalidad de los indultos en estos casos ha sido reavivado por un reciente fallo de la Cámara de Casación que reafirmó su incompatibilidad con delitos de lesa humanidad.
El Gobierno, ante estas limitaciones legales, estaría considerando otras alternativas, como modificar fallos para permitir el arresto domiciliario de represores como Alfredo Astiz, actualmente cumpliendo condena en Ezeiza.