La corrupción sin nombres propios

Es necesario un hilo de Ariadna para transitar por este laberinto de hechos, nombres y países sin que se nos impongan como muros casos como Los Panamá Papers, el Mani Pulite de Italia, el Caso Gürtel de España, “lava Jato” de Brasil, etc. La realidad es que la corrupción no es una causa judicial o un hecho aislado que empieza con una denuncia y termina con una sentencia (en el mejor de los casos), sino que es el síntoma, no la enfermedad.
Lo cierto es que la percepción social del problema de este flagelo, ha puesto de relieve un tema que siempre fue parte de las estructuras sociales de este país y que debe, por ese mismo motivo ser analizado de manera global, para poder proponer procesos de cambio, sin caer en el coqueteo de otros laberintos donde el cinismo y la desesperanza se mezclan con autoritarismo y el advenimiento de un líder mesiánico y resolutivo.
Para esto, algunos datos duros son de importancia: Según un informe de Transparencia Internacional del 2017 el 71 % de la población argentina responde positivamente a la pregunta ¿Si yo hubiera conocido un acto de corrupción, me sentiría personalmente obligado a informar sobre ello?, lo que demuestra un compromiso social con la gobernanza, y cierta esperanza en la respuesta de las instituciones.
Ahora bien, ¿cuál es el rol de los organismos de control en todo esto?, principalmente hay que integrarlo a ese 71% que siente personal la lucha contra la corrupción , esto lo digo porque muchas de nuestras legislaciones y procedimientos deben ser revisados, criticados y de ser posible cambiados por nosotros mismos, en el libro Why Nations Fail, de Acemoglu y Robinson que elabora la teoría institucionalista, la cual establece que son las instituciones políticas y no la cultura, la geografía etc. el origen de los problemas de las naciones y la causa de sus fallas, y que son los líderes políticos en sentido amplio, los que conscientemente, deciden en sus países (la mayoría pobres) adoptar instituciones no inclusivas que llevan a que sólo una élite pueda beneficiarse de la riqueza y las oportunidades. Así, las instituciones económicas también serán excluyentes en un círculo vicioso que solo beneficia a unos pocos, e impide el control ya que entre amigos reina el secreto. En este ambiente negativo surge más fácilmente la violencia en forma de conflictos sociales en una carrera por alcanzar el poder del estado, que es el único camino que hay para el crecimiento personal- en Argentina se estiman que hay 1 político cada 64 habitantes en comparación con Alemania por ejemplo que tiene 1 cada 546 – la teoría institucionalista pretende crear instituciones plenamente inclusivas que desaliente a las elites de intentar acceder a ellas ya que los beneficios o ventajas sociales no podrán ser monopolizadas por unos pocos.
Los órganos de control tienen un lugar de preferencia en el análisis de nuestras instituciones, pues en su labor podemos observar las principales fallas del sistema y donde las elites aprovechan en beneficio propio, legal o ilegalmente, los atajos del sistema y por añadidura limitan el acceso a las ventajas y beneficios sociales al resto de la ciudadanía, principalmente a través de la corrupción. El desafío es no adaptarse a la legislación y procedimientos actuales, sino empezar a plantear con que herramientas queremos trabajar, cuales son los métodos más efectivos, que normas nos limitan en la búsqueda de una mejora en la calidad institucional y demandar su sanción e implementación, esto es peticionar a las autoridades, porque cuando la democracia no alcanza el camino es más democracia.
Por otro lado, debemos comunicar más y mejor, llevar a una sociedad indignada la esperanza del cambio de paradigma, de una mayor intensidad democrática, donde la comunicación es central, “educar al soberano” en palabras de Alberdi.
En una república como la nuestra, donde hay una búsqueda de equilibrio entre los poderes del estado y controles recíprocos, también hay un gran desconocimiento social de en qué poner mayor atención, en una primera aproximación es importante saber que la república es también un sistema de administración (etimológicamente res- publica es “la cosa Pública”) que tiene su inicio en una ley, la ley de presupuesto, es ahí donde el ejecutivo pide al legislativo la autorización para gastar el dinero que presume va a recaudar, si el ciudadano quiere saber cuánto le importa al ejecutivo la salud o la educación o si realmente se construirá un puente prometido en campaña es decir “como distribuirá la riqueza” es ahí donde debe buscar, por otro lado, el control de la ejecución de ese presupuesto se encuentra en varios organismos tanto internos como externos como ser : Sindicaturas, tribunales de cuenta, auditorias etc. pero con mayor importancia en la aprobación de la cuenta general del ejercicio por parte del poder Legislativo, también ahí el ciudadano, y con mayor responsabilidad los organismos de control, deben prestar atención y preguntarse sobre la seriedad del análisis que hizo el legislador y si deben seguir votándolo, mas allá de sus otras labores legislativas. Los organismos de control deben hablar sobre esto con la sociedad.
Pero con eso no alcanza, es el procedimiento de ejecución del presupuesto lo que puede convertir en millonaria una empresa fantasma, realizar inversiones improductivas o tornar inviable el servicio de salud pública. La corrupción debe ser entendida tanto en calidad como en cantidad, en cuanto a la calidad es importante entender que muchas maniobras de corrupción se hacen a plena luz del día y ante la vista de todos y cumpliendo con todos recaudos legales y en cuanto a cantidad siempre va a estar dada por el nivel de impunidad o de sensación de impunidad. Cuando un hecho de corrupción es advertido y denunciado y el sistema en su conjunto no reacciona, produce una multiplicación de hechos de corrupción bajo el razonamiento de “si a fulano que se robó todo no le paso nada, que me van a hacer a mi” esto siempre se amplificara en la medida que se acceda a mayor poder en palabras Lord Acton, «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente» (Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely). Lo interesante de la frase es que se refiere a la responsabilidad del Rey por sus actos, de si debe rendir cuentas por su accionar y ante quien. Esto parece anacrónico en Argentina pero lo cierto es que la revolución de mayo nunca termino de desarmar las matrices monárquicas por lo que nuestro sistema republicano es endeble , por dar un ejemplo, la periodicidad en los cargos no se advierte en la mayoría de las instituciones donde no este estrictamente limitado, como ser los municipios, los sindicatos , las instituciones intermedias y lo propio le cabe a los partidos políticos donde hijos y nietos de líderes de peso tienen asegurados lugares privilegio en las listas de candidatos.
Poder y responsabilidad en un esquema que pretende ser democrático y republicano, solo es posible fortaleciendo el control.
El aspecto más sensible de todo el problema se manifiesta en los procesos de selección de los agentes del estado, es aquí donde las elites o grupos de poder más interfieren en las instituciones, buscando que los cargos de mas importancia sean obtenidos por miembros de su propio circulo, donde se valora mucho más la obsecuencia que la capacidad. Esto torna inoperante cualquier institución por más relevante que sea. El 76 % de los cargos de la alta administración pública son designados bajo el formato de «asignación transitoria de funciones superiores», figura que permite exceptuar los procesos de concurso y los requisitos exigidos por la norma para el acceso a la dirección pública, según informe de la ASAP y el Cippec del 2018. Imaginemos lo distinto que serían las instituciones si todos los cargos del estado fueran por concursos justos y democráticos, si se limitara por Ley los cargos políticos al 5% de la estructura del estado y los sometiéramos anualmente a auditoría.
Los organismos de control pueden y deben mostrar un norte, y a opinión publica formada y entendida, atenta y coherente con la mejora institucional en términos de intensidad democrática es el mejor anticuerpo contra la desigualdad, la injusticia y en definitiva contra el deterioro de los altos fines del estado argentino.

Por Andrés M. Gutiérrez

Abogado

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