Nadie, a más de 12 horas de la fuga de Roberto Rejas, salió a dar la cara por lo sucedido. Ni el ministro de Seguridad, Claudio Maley –que responde a Juan Manzur-, ni el jefe de Policía, Manuel Bernachi, ni el jefe de la División Bomberos de la Capital, Martín Aguilar.
Todos permanecen en silencio. Los hechos hablan por sí solos. En la semana muchos esperan algún movimiento en la fuerza policial o en la estructura que la sostiene. Hay responsables y una cadena de errores que terminó con el insólito escape del doble homicida de Milagros Avellaneda y del pequeño Benicio Coronel. A cinco días de su condena a prisión perpetua, hoy se encuentra libre y no hay pistas de su posible paradero.
Ministro, jueces, políticos. El alcance de tamaña situación alcanza a más de una persona. Y el hilo no debe cortarse por lo más fino. Quienes custodiaban a Rejas no estaban entrenados para esa tarea y el lugar donde fue alojado por decisión de los jueces que lo sentenciaron no cumplía con las condiciones mínimas para retener a un delincuente de alta peligrosidad que, además, conoce a fondo las unidades penitenciarias porque de eso vivía.
Los jueces
El fallo condenatorio de los jueces fue unánime, pero los magistrados discreparon sobre cuál sería el futuro del penado. Stella Maris Arce y Eduardo Romero Lascano, con disidencia de Alicia Freidenberg, decidieron dictarle la prisión preventiva a Rejas por seis meses o hasta que la sentencia quede firme. Solicitaron que el condenado sea enviado a las dependencias de la División Bomberos, desde donde habían advertido el día de la sentencia que no estaban preparados para alojar al doble homicida.
Freindenberg, que votó contraria a sus pares sobre el destino del condenado, ya había sido destituida de su cargo por el escape de otro presidiario, al que le había concedido un permiso de salida transitoria. Luego fue devuelta a su cargo por orden de la Justicia.
El Gobierno de Tucumán
Desde antes de 2020 que el ahora jefe de Gabinete de Nación, Juan Manzur, promete la construcción de una nueva cárcel para más de 3800 presos.
En aquella ocasión, el gobernador sostuvo: “Con el doctor Estofán llevamos el proyecto de una nueva penitenciaría para la provincia, una obra muy importante, porque el penal que tiene Tucumán tiene más de 100 años. Por eso, hay que pensar una nueva infraestructura para que quien cometa un delito, y así lo acredite la justicia, pueda ir a un lugar para su proceso de rehabilitación”.
Hace falta lugar para alojar a los delincuentes tucumanos. En 2015, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila lograron que se les acepte el hábeas corpus por la crisis carcelaria. Poco y nada se hizo para solucionarlo. En ese entonces había aproximadamente 700 detenidos en distintas comisarías a falta de penales. Hoy esa cifra asciende a 1300.
La Corte Suprema de Justicia, por el planteo de los representantes del Ministerio Público Fiscal, ordenaron que ningún procesado o condenado estuviera alojado en las dependencias policiales. Y hoy esa orden sigue incumpliéndose. Unos 300 penados y más de 800 reos con prisiones preventivas se encuentran en los calabozos de las comisarías. Y Rejas era uno de ellos.
Claudio Maley, como garante de la seguridad y de todo lo que tiene que ver con recursos para la Policía, tampoco hizo honor a su gestión y, pese a las promesas incumplidas de Manzur, no gestionó otras salidas para problemas de vieja y larga data. Hoy elige el silencio, como el resto de la cúpula policial.