La Justicia Federal ha tomado una drástica medida tras el reclamo de la Provincia de Tucumán: ha trabado un embargo de fondos a la firma Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi. Esto se lleva a cabo hasta cubrir la suma de $936,6 millones, la misma cantidad que el Gobierno invirtió el año pasado en la reparación parcial de la presa lateral N° 3, que presentaba filtraciones.
La decisión judicial, dispuesta por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, responde a una demanda iniciada por la Fiscalía de Estado de Tucumán. El embargo también afecta a los bienes registrables de la empresa, responsable de la generación de energía en el dique El Cadillal.
El Gobierno provincial busca que la concesionaria asuma los costos de las obras realizadas. Esto incluye el pedido de embargo preventivo sobre los fondos que la firma recibe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), intermediaria en relación a los servicios prestados.
La demanda recuerda que el Estado asumió los trabajos de reparación del dique El Cadillal en 2023, autorizados por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La concesionaria, según el contrato de concesión, tenía la obligación de mantener la seguridad de las estructuras, incluida la presa, lo cual no cumplió.
El juez Díaz Vélez consideró razonable el planteo de la Provincia, afirmando que la concesionaria debía mantener la seguridad de las presas y realizar las obras necesarias para su reparación. La medida cautelar implica la inmovilización de fondos durante la tramitación del proceso, incluyendo los aportados por Cammessa y las cuentas bancarias de la concesionaria