La crisis del transporte parece haber entrado en su etapa definitoria, pero no por el enésimo nuevo paro por tiempo indefinido, que esta vez incluyó violencia sindical, sino por la enérgica respuesta del Intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, quien primero implementó un sistema de combis para atender el servicio y ahora anunció la sanción de “caducidad de la concesión” contra las empresas.
“Previo cumplimiento de los recaudos procesales pertinentes, hemos resuelto aplicar la sanción de caducidad de la concesión del servicio público de pasajeros, por la actitud de los concesionarios de dejar a la población sin servicio; y de sitiar y bloquear los accesos a la ciudad, obstruyendo el derecho constitucional a la libre circulación y tomando de rehenes a los ciudadanos”, sentenció.
“Tomamos esta decisión en función de que el transpote de pasajeros es un servicio público esencial”, ratificó. También advirtió la Municipalidad “asegurará la continuidad del servicio, ya sea por las mismas empresas en forma provisoria, o por medio de servicios alternativos”.
Hasta el jueves, de las 14 líneas urbanas concesionadas por la intendencia, en seis casos las empresas se encontraban con permisos provisorios de explotación y las ocho restantes se hallaban con la concesión regularizada. A partir de ahora todas revisten condición de concesión precaria.
“Las áreas técnicas de la Municipalidad se encuentran estudiando la reconversión del sistema de transporte urbano colectivo de pasajeros para adecuarlo a la realidad que nos toca vivir”, puntualizó Alfaro.
Precisamente, el intendente instruyó a última hora del jueves a su gabinete para que se cree una comisión con funcionarios que él designará y con referentes de las empresas, de los sindicatos y de los usuarios para avanzar, precisamente, en la transformación del sistema del transporte público en la capital.
Mientras tanto, la segunda jornada del servicio de combis y minibuses organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para paliar el paro de los choferes de colectivos encontró al esquema de transporte de emergencia más fortalecido.
La custodia policial para los transportes terminó de convencer a muchos propietarios de vehículos similares a sumarse al dispositivo por el cual parten de cuatro puntos fijos de la capital y cobran $ 50 a cada pasajero, con un recorrido preestablecido.
Antes, el intendente ya había brindado su diagnóstico acerca de la necesidad de “reconvertir” el sistema del transporte urbano de pasajeros. En su análisis de la situación, como se indicó, se entreveía que a su criterio la crisis del sector había llegado ya a una situación sin salida.
“La decisión está tomada”, aseguró anoche Alfaro al diario La Gaceta.